En el combate a la delincuencia organizada que tanto daño hace a la sociedad, tiene que darse la colaboración de las diversas instancias de gobierno, pues en temas tan sensibles como la trata de personas, todas y todos deben trabajar de manera solidaria y unida para poder erradicar esos lastres, expresó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, quien agregó que la mayor parte de los delitos tienen un componente financiero.
Durante su participación, vía remota, en el Primer Congreso Nacional de Federalismo Judicial “Qué le toca a quién”, organizado por el Poder Judicial del Estado de México, Nieto Castillo destacó la conjunción de esfuerzos de las instituciones para responder a la sociedad. Abordó los mecanismos de combate al lavado de dinero, donde dijo que en la lucha contra la delincuencia tiene que existir una política integral de Estado pasando por elementos de seguridad, de prevención del delito, de procuración e impartición de justicia, y de ejecución de penas.
El funcionario federal refirió la necesidad de combatir la corrupción política, pues los grupos delincuenciales se van constituyendo a través de redes de complicidad con ciertas autoridades que ceden espacios, por temor o amenaza. Además de hacer lo correspondiente en lo judicial, ministerial y policial. Informó que en 2020, en el Estado de México se reportaron 222 mil millones de pesos de operaciones tanto relevantes como inusuales.
En su exposición “Lavado de Dinero y Federalismo Judicial”, moderada por la magistrada del PJEdomex, Alejandra Almazán Barrera, Santiago Nieto consideró que no es posible perseguir delito por delito sino en un amplio sentido, tipologías delictivas o fenómenos, y con esta lógica se deben analizar temas vinculados con fraude, agregar un valor agregado a la información que tienen las instancias locales.
El titular de la UIF explicó que el combate se da desde dos ópticas, la local relacionada con la unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados y su trabajo con las fiscalías locales y en el ámbito la federal, con la UIF y el congelamiento de cuentas.
Señaló que México ha suscrito diversos acuerdos internacionales, a través de los cuales asume compromisos encaminados a la prevención, detección y combate al lavado de dinero, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, entre otros, como la Convención de Viena y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI.
En su momento, acompañada de la consejera de la Judicatura, Edna Edith Escalante Ramírez, la magistrada Almazán Barrera comentó que este viernes concluye un congreso que permitió a los operadores de justicia reflexionar y estudiar sobre el Federalismo judicial, a pensar sobre las facultades y competencias que coexisten, que están unidas por el pacto federal que emana de la Constitución.
A tener presente que es una labor de las instituciones de esta entidad, el conjuntar esfuerzos para satisfacer las demandas de justicia de la sociedad, sobre todo para combatir conductas que flagelan la convivencia, como las derivados de la figura del lavado de dinero y a plantear, en este complejo esquema de coexistencia de poderes y facultades “Qué le toca a quién”.
