Elena Aguilar
Durante el análisis que realizaron los parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural, Medio Ambiente y Sustentabilidad, los integrantes coincidieron en que el desarrollo de las políticas públicas que permiten una mejor habitación y estadía en las ciudades son empañadas por la corrupción y la falta de compromiso por parte de las autoridades estatales y municipales.
De acuerdo con algunos participantes, hay programas y proyectos que podrían ser funcionales; sin embargo, son cooptados por determinados grupos que a cambio de dádivas o por el manejo de intereses personales, partidistas, políticos o gubernamentales no funcionan. Un ejemplo, dijo uno de ellos, fue el transcurso de la pandemia, toda vez que la entidad no cuenta con una ley que norme los hornos crematorios y la procuraduría para la protección del medio ambiente del estado no participa en esas acciones, de modo que aquellos que operaron de forma clandestina no fueron clausurados, pues hay intereses creados y no a los que hizo referencia el grupo de parlamentarios, que son aquellos que favorecerán a los llamados grupos vulnerables.
“Por ejemplo, las autoridades estatales no clausuran el crematorio por corrupción, el estado me puede garantizar el derecho a una ciudad sustentable pero dónde queda el sentido de la responsabilidad, ceñirnos a la realidad sociopolítica, pero que se tome en cuenta el papel de la burocracia que ha carecido de responsabilidad y tacto a las demandas de la población mexiquense”.
En esta comisión fueron consideradas 36 iniciativas y entre otras, presentaron algunas referentes al tema del derecho a la ciudad, como la de Sharon Gómez Juárez, de la Red de Politólogas y Administradoras de la UAEM que consideró que deben existir mecanismos para integrar a la sociedad civil en el desarrollo de la administración pública estatal y municipal, mediante foros de consulta en la realización de obras y servicios públicos y que se les tome en cuenta para organizar el plan de desarrollo urbano.
En la discusión refirieron sobre propuestas que insisten en el derecho a la ciudad, aunque, no se plantea el mecanismo para que las autoridades lo garanticen en el Estado de México que tiene los más altos niveles de corrupción y cuya inoperatividad de la burocracia en la cuestión medio ambiental no funciona.
Ángel Castillo, recordó que hoy los municipios son los responsables de la disposición final de residuos sólidos, y cuestionó a quién se le descargaría la responsabilidad de operar los contenedores en vía pública y evitar que se conviertan en focos de infección y cómo se va a sancionar a los ciudadanos que no cumplan con la separación de residuos.
(Foto: Especial Portal)
