Eric Rosas
Derecho a la ciencia
Este lunes darán inicio los trabajos del Parlamento Abierto que fue convocado a raíz de la iniciativa de un influyente actor político mexiquense, a fin de analizar y reformar la Constitución y el Marco Legal del Estado de México, y que se impulsó a través del coordinador de la fracción parlamentaria morenista en la LX Legislatura del Estado de México. Luego de varios meses de trabajo de un Secretariado Técnico conformado para tal fin por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, primero ralentizados por las afectaciones ocasionadas por la sindemia de covid-19 y luego por la veda electoral decretada por la autoridad en la materia, hace unos días se informó que la convocatoria emitida ha reunido casi tres centenas de iniciativas en diversos ámbitos y registrado a más de un millar de individuos interesados en participar en el diseño del nuevo marco legal de la entidad; quienes estarán dialogando en nueve comisiones formadas por la coordinación del parlamento a fin de intentar encontrar consensos y disensos acerca de temas muy diversos, pero todos de enorme importancia para el futuro de los mexiquenses; entre éstos, por supuesto, los relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
Aunque el escenario político estatal y nacional ha cambiado desde que este ejercicio fuera impulsado hace varios meses, y los intereses del promovente podrían ya no mantenerse como lo eran en ese momento, sí prevalece la oportunidad que brindará este Parlamento Abierto para modernizar el marco legal de una de las entidades más importantes de México, cuya joven y numerosa población resultaría impactada de manera importante por esta eventual reforma, pues en gran medida definiría la vida de los habitantes del Estado de México para varias décadas por venir de este naciente siglo, en el que se vaticinan grandes y profundos cambios en el planeta y en la humanidad, a causa del cambio climático y del desarrollo e implementación de tecnologías tan disruptivas como las relacionadas con la inteligencia artificial.
Una nueva carta magna deberá plasmar explícitamente el derecho humano que todos los mexiquenses tenemos al acceso al conocimiento científico y a los beneficios derivados de éste, para con ello reconocer lo establecido en esta materia en el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), tomada el 10 de diciembre de 1948, y alinear nuestra legislación mexiquense con la nacional, en la que este derecho ya ha sido reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma será imprescindible modernizar el articulado referente a la educación que ofrece el Estado para que se establezca a la ciencia como un insumo primordial en esta materia y entonces el conocimiento con base científica pueda unirse a los otros principios ya reconocidos para el diseño de la formación educativa que reciban los escolares mexiquenses.
Pero el Parlamento Abierto también abrirá una excelente oportunidad para discutir la modernización de las actuales instituciones mexiquenses encargadas de la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Un buen diseño en este ámbito podría colocar al Estado de México a la vanguardia en nuestro país, por ejemplo, creando la Fundación Mexiquense para la Ciencia; la Secretaría de Ciencia y Tecnología —ya existe en Jalisco y Guanajuato—; así como una agencia que impulse a la innovación en la política de industrial mexiquense.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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