Claudia Elisa y Gabriela Alejandra López Miranda
Integrantes del Círculo Feminista Alaíde Foppa
Tanto el feminismo, como la desnaturalización de ciertos roles de género ha abierto discusiones en diversos espacios, desde sesudas reflexiones en la academia o en los medios de comunicación, hasta acaloradas polémicas en las mesas familiares o grupos de amigos. Si bien esto nos habla de la relevancia del tema, el hecho de que a lo largo de los años tanto las demandas feministas, como las discusiones en torno al género, hayan ganado terreno en el ámbito de las políticas públicas, es una prueba irrefutable de su importancia.
Ana María Tepichin Valle, en su texto “Política pública, mujeres y género” (2010), asegura que en México, de los años setenta a la fecha, la atención al fenómeno de la equidad de género ha cobrado una enorme importancia, pues se reconoce explícitamente como componente fundamental en el diseño de estrategias de desarrollo.
Previo a los años setenta las acciones públicas en nuestro país confinaban a la mujer a su rol de madre y ama de casa, los esfuerzos se enfocaban en combatir la mortalidad infantil y materna, no obstante, la fuerza que la lucha internacional feminista tomó en la época y el clima de reconocimiento de la relación entre mujeres y desarrollo transformó la perspectiva.
A partir de los setenta las políticas púbicas se encaminan a la equidad entre mujeres y hombres por medio de un acceso igualitario a la educación, al empleo y a beneficios materiales como la tierra y el crédito. En 1975 el Consejo Nacional de Población empieza a generar programas, coordinaciones e iniciativas dirigidas hacia las mujeres.
A principios de la década de los ochenta, en México se plantea la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en el desarrollo, como trabajadoras y ciudadanas, no sólo como madres o amas de casa, además de ello, se enfatiza la importancia de su capacitación, su incorporación en el mercado de trabajo y su papel en la producción.
En 1996 nace el Programa Nacional de la Mujer Alianza para la Igualdad (Pronam), dependiendo de la Secretaría de Gobernación, a partir de 1998 dicho programa fue responsabilidad de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer (Conmujer) como el principal instrumento gubernamental para lograr igualdad.
Durante la década de los noventa se crea un sinfín de programas para intentar resarcir la deuda histórica del Estado Mexicano con las mujeres: Mujeres en Solidaridad (Musol), del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), renombrado y en operación hasta la fecha como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, son algunos ejemplos.
Hacia el año 2000 se establecieron Comisiones de Equidad y Género en el Congreso de la Unión, además de ello, se crearon institutos de la mujer en todo el país, hoy incluso contamos con Secretarías. En el año 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que ha hecho un enorme trabajo de investigación, capacitación y visibilización del problema de inequidad de género.
Hacia el año 2003 se crea la Comisión de Género en la Cámara de Senadores que abre la puerta a muchas otras enfocadas en lograr la asignación de recursos para los programas que buscan igualdad entre hombres y mujeres. En 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se crea el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en 2009 se crea la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y podríamos continuar enlistando los diversos programas y medidas, no obstante, nuestro interés no está centrado en la descripción exhaustiva de los mismos, el objetivo es demostrar que la preocupación en torno a la inequidad de género se ha incrementado y dicho incremento se expresa con toda claridad en las políticas públicas.
Si bien está pendiente toda una discusión teórica respecto a las diferencias entre equidad e igualdad, o sobre género y diversidad más allá de lo femenino y masculino, las demandas del feminismo han logrado eco. Si bien es necesario analizar críticamente los resultados de las políticas implementadas desde los setenta, es clarísimo que en términos de presupuesto y acciones del estado, hay un innegable terreno ganado, muy a pesar de aquellos que insisten en que el problema de la inequidad y la violencia de género sólo sucede en la cabeza de unas cuantas feministas resentidas
