El Congreso local remitió a comisiones la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de México para establecer que cuando él o la donante de un bien patrimonial sea una persona mayor de 60 años, pueda mantener el disfrute o aprovechamiento de ese bien por el resto de su vida, como una forma de prevenir el despojo patrimonial y el abandono.
Esta iniciativa busca establecer que la escritura pública o el contrato de donación contenga una cláusula de usufructo vitalicio sobre el bien o bienes donados con el objetivo de proteger a las personas mayores y que puedan permanecer en los inmuebles hasta su muerte.
De esta forma se busca garantizar una vejez digna, pues uno de los mayores problemas que tiene este sector poblacional es la conclusión de su ciclo laboral y los abusos más frecuentes en su contra consisten en el despojo de sus bienes por parte de sus familiares
Cabe señalar que el estado de Tamaulipas ya incluye en su legislación el usufructo vitalicio, mientras que las legislaturas de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, ya analizan esta propuesta.
Durante la sesión, también se recibió la propuesta para reformar el Código Civil a fin de incorporar la figura denominada pensión compensatoria, a fin de otorgársela a cualquiera de los cónyuges cuando, una vez decretado el divorcio, haya quedado en desventaja económica, entendida como la situación que incida en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado.
Ambas propuestas fueron remitidas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen.
Durante la sesión, el Congreso estatal solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social que propicie las condiciones para la designación de él o la vocal ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México para que atienda los pendientes con los pueblos originarios.
Además, recibió un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud a que ajuste la política de vacunación contra el covid-19 para priorizar su aplicación a trabajadores de empresas de servicios de transporte público, de alimentación, medicamentos e instituciones de salud del sector privado, el cual fue remitido para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social.
(Foto: Especial Portal)
