Eric Rosas
Ayer domingo 4 de abril ha dado inicio el periodo de campaña para renovar a los trescientos diputados federales que en septiembre próximo deberán tomar posesión de la nueva Legislatura. Junto con otros doscientos representantes que serán designados por los partidos políticos mediante el mecanismo de representación proporcional y conforme al porcentaje de votación que obtenga cada instituto político, los quinientos nuevos legisladores habrán de enfrentar cualquiera de dos escenarios: continuar con la tendencia hasta ahora seguida por la fracción mayoritaria aglutinada alrededor del partido en el poder; o cambiar el rumbo para revisar a fondo las implicaciones que tendrán muchas de las modificaciones que la actual cámara baja ha llevado a cabo en varias leyes de diversos ámbitos. En lo que respecta a la ciencia y la tecnología, la tarea de los nuevos quinientos diputados será monumental, pues a lo largo lo que serán para entonces casi tres años de la actual administración federal, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha causado graves afectaciones al sistema nacional que fue creado hace medio siglo para fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Es difícil priorizar cuál podría ser el mayor daño causado hasta ahora por la directora del CONACyT, pero, quizá por lo que implica para el futuro de nuestro país, la enorme reducción de las becas de posgrado podría catalogarse como aquella que más urge revertir. La anterior administración federal entregó a la actual, del orden de 60 mil becarios de maestría y doctorado en México y en el extranjero; sin embargo, ese número ha caído por debajo de la mitad en los dos últimos años. Peor aún es el hecho de que en la más reciente convocatoria emitida, las becas para posgrado se restringen solamente para aquellos jóvenes que deseen estudiar artes y temas relacionados con las ciencias de la salud, con la limitante adicional de que, para el segundo campo del conocimiento, se advierte que sólo se apoyarán aquellos posgrados que se ofrezcan en naciones como Cuba, Argentina, Rusia, etc.
Aunque dada la actual situación que enfrentamos con la sindemia de covid-19, muchos podrían pensar que no es mala idea destinar recursos para formar especialistas médicos, es importante reflexionar que quienes inicien este otoño sus estudios de posgrado terminarían su formación dentro de cuatro, cinco o hasta seis años, cuando las necesidades del país en este ámbito seguramente serán muy diferentes. Por otra parte, nadie niega la importancia que la cultura tiene para cualquier sociedad, pero no parece lógico que la entidad gubernamental que tiene como mandato el apoyar a la ciencia y la tecnología, dedique sus recursos a las artes y con ello se los niegue precisamente a aquellos chicos que desean continuar su especialización en ciencias exactas, matemáticas e ingenierías que, por otra parte, constituyen un insumo imprescindible para una economía como la mexicana, tan vinculada al concierto manufacturero norteamericano e internacional.
Otro aspecto al que deberán prestarle mucha atención los quinientos legisladores, será la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) que ya se ha anunciado pronto entrará a discusión en la actual Legislatura. Una propuesta que concentra peligrosamente todo el poder en el presidente de la República, para que sea sólo él quien decida acerca de los temas científicos en los que los académicos de México podrían realizar investigación.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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