Eric Rosas
En México, como en cualquier país medianamente desarrollado, existe una entidad gubernamental encargada de evaluar y, en su caso, avalar la inocuidad y la efectividad de medicamentos y tratamientos médicos para que éstos puedan ser administrados a la población con total seguridad sanitaria. De igual manera, estas entidades tienen entre sus funciones la certificación del funcionamiento adecuado de equipo médicos, de vacunas y demás sustancias químicas o bioquímicas que puedan intervenir en su funcionamiento o en la aplicación de terapias. Entre ellos encontramos instrumentos de medición tan sencillos como pueden serlo un termómetro clínico para uso doméstico o un medidor de dedo para la saturación de oxígeno – oxímetro –, o más sofisticados, como algún aparato de imagenología, ya sea un equipo de ultrasonido, de rayos X o de tomografía; o un respirador mecánico, como los que tanto se necesitan por los pacientes que agravan por la covid-19.
En México la dependencia encargada de tales tareas es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que, hasta antes de esta administración federal, era considerada como una agencia que se basaba en criterios exclusivamente técnicos para la evaluación y el otorgamiento de las autorizaciones de uso de medicamentos, vacunas, instrumentos y equipos médicos, etc.; sin embargo, esto parece haber cambiado y con la administración federal actual la COFEPRIS también parece haberse contagiado con un virus político que infecta a todas sus decisiones e impide que éstas atiendan sólo a criterios médicos.
Desde que los primeros casos de contagiados con covid-19 se presentaron en México en febrero del 2020, se supo que para atender la alta demanda de hospitalización que eventualmente alcanzaría a nuestros nosocomios, sería necesaria la dotación de las camas con ventiladores que auxiliaran a oxigenar a los pacientes más graves. Entonces algunas instituciones de educación superior mexicanas con reconocido prestigio en nuestro país y el extranjero, presentaron prototipos para respiradores artificiales; pero por motivos que nada tienen que ver con la calidad de los equipos, sus aprobaciones quedaron en espera en la COFEPRIS con el argumento de que la pandemia les hacía atender asuntos de mayor urgencia – no se entiende cómo la aprobación de un ventilador no podía ser considerada como urgencia –. Casualmente tal retraso prevaleció justo hasta que la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pudo presentar dos prototipos de respiradores mecánicos, que las solicitudes previas fueron evaluadas.
Pero para no dejar duda alguna respeto del control político que el gobierno federal ejerce ahora sobre la COFEPRIS, en agosto pasado le quitó la poca autonomía técnica que tenía, subyugándola por completo a los intereses políticos al colocarla bajo la autoridad la subsecretaría cuyo titular es precisamente el zar mexicano del combate de la pandemia. La infección política de la COFEPRIS comienza a tomar mayor relevancia ahora pues, en un asunto igualmente vital para los mexicanos, como lo es la aprobación de las vacunas contra la covid-19, el malogrado zar ha comenzado a sugerir que la vacuna Sputnik V podría ser aprobada por emergencia, cuando él mismo la había descalificado por no contar con evidencia técnico-científica de su inocuidad y efectividad, y desde Argentina – donde ya se ha aplicado – han comenzado a llegar malas noticias acerca de sus efectos.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
e.rosas@prodigy.net.mx
Twitter: @DrEricRosas
