Después de detectar dos redes de corrupción al interior de la institución, el Poder Judicial del Estado de México llevará las investigaciones y sanciones al amparo riguroso de la Ley y hasta sus últimas consecuencias. Se trata de la venta de sentencias y notificaciones condicionadas.
Ante estos hechos, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, señaló con total contundencia, que la institución está comprometida a cabalidad con la función jurisdiccional, y no permitirá ningún acto de corrupción, a ninguna escala con servidores públicos de ninguna categoría, ni litigantes.
Gracias a la labor de inteligencia que en coordinación han realizado el Poder Judicial y la Fiscalía de Justicia de la entidad, se descubrieron las redes y se avanza en su desmantelamiento, así como en la persecución legal de ambos hechos irregulares.
En el primero de los casos, se llevó a cabo la detención y vinculación a proceso de José “N” por su probable participación en el delito de extorsión. Se trata de un ex servidor judicial que se desempeñaba en un juzgado de control, a quien se le concluyó el cargo en 2017, por pérdida de confianza.
José “N” establecía comunicación con los litigantes para obtener sentencias favorables, a cambio de 50 mil pesos. Lo que realizaba con apoyo de una servidora judicial, desde el interior del tribunal, quien ya ha sido detectada por el Poder Judicial y la Fiscalía, con orden de aprehensión.
El otro caso, es sobre una notificadora que realizaba diligencias selectivas, según el pago de litigantes. El Ministerio Público amparado por la resolución de un juez federal logró la extracción de información telefónica del móvil de Verónica “N”, que dirigía una red en los juzgados de Coacalco.
El magistrado presidente enfatizó que el Poder Judicial es congruente con el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios del que forma parte y expresó que con la convicción de fortalecer el combate a la corrupción, recientemente se firmó la Carta Compromiso de cumplimiento a la Política Estatal Anticorrupción.
Exhortó a colaboradores judiciales y litigantes a denunciar aquellos actos contrarios, no sólo a las leyes, sino a la ética y valores elementales como la transparencia y la honestidad, por lo que debe actuarse en consecuencia, a fin de evitar que estos comportamientos se repitan. Acotó que las investigaciones continúan, sobre la posible participación de otros servidores públicos, abogados y usuarios.
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