Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, llamó a una mayor regulación y estandarización en los precios de las denominadas pruebas rápidas para detectar el covid-19.
Miguel García Conejo
Frente a la posibilidad de que la autoridad pida estos dispositivos para los centros de trabajo, como ya lo ha hecho el gobierno de la ciudad de México, indicó que por su demanda, los precios de estas pueden dispararse desde los 800 pesos hasta los tres mil 600 pesos; gasto que advirtió no está en posibilidades el sector para llevarlo a cabo.
Con ello pidió al gobierno estatal que la norma no sea replicada en nuestro estado.
“Son costosas y tiene que ver un tema de regulación de precios, ya que están un poco disparadas entre los distintos laboratorios, sin embargo es un derecho humano de todas las personas, sean trabajadores o no. No se ha extendido al Estado de México, es un tema de la Ciudad de México; en este momento no tenemos ninguna certeza de que se va a llevar al estado de México. Pedimos que no sea así”.
Al momento, detalló, las pruebas rápidas certificadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se cotizan hasta en 500 pesos por lo que por el número de trabajadores que tienen las unidades económicas, dijo, difícilmente podrían hacerse cargo de este gasto frente a las pérdidas que ya registran.
La líder empresarial destacó que empresas que han reiniciado actividades han aplicado tests a sus trabajadores para saber si han tenido contacto con alguna persona enferma, ya sea familiar o conocido, como principal barrera contra la propagación del virus.
En días pasados el gobierno de la ciudad de México anunció que las empresas con más de 30 empleados tendrán que realizar pruebas de covid-19 a cada uno. Sobre esto, el gobierno estatal no se ha pronunciado hasta ahora.
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