27/Feb/2024
Portal, Diario del Estado de México

ORDENADOR POLÍTICO

Fecha de publicación:

*Reafirmó Suprema Corte su Autonomía 
*Con anulación de espurio decreto en BC 
*Y en defensa de principios democráticos 
*Que sientan bases para la posterioridad 

Luis Alberto Rodríguez

Más allá de que con su resolución de anular este lunes la llamada “Ley Bonilla” que mediante un decreto espurio de la legislatura local de Baja California intentó prolongar el mandato del gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, de dos a cinco años, al declararlo como inconstitucional, como era evidente, lo que me parece más trascendente es la reafirmación del Poder Judicial como autónomo e independiente de los otros dos poderes, ante la por desgracia extendida percepción -hasta ayer- de que dependía o estaba condicionado por la voluntad del Ejecutivo a cargo del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 

En sesión virtual pero difundida a través del canal televisivo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia acertadamente discutió la ponencia formulada por el ministro JOSE FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS que resumió las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) Movimiento Ciudadano -en Baja California-, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución de la entidad, publicada en el periódico oficial local el 17 de octubre de 2019. 

En su proyecto, el ministro GONZÁLEZ SALAS expuso que la reforma transgredió los principios de certeza electoral y legalidad, así como el plazo establecido en el artículo 105 fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución General de la República, precisamente porque cualquier modificación a la duración del cargo de elección popular debió de realizarse de manera previa al inicio del proceso electoral, para que sus participantes estuvieran en el entendido de los alcances del cargo disputado y por el que votaron los ciudadanos. 

Para dimensionar la aberración jurídica en la que incurrió la Legislatura bajacaliforniana al validar tal reforma, el mismo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia,  ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA expuso que en la “LEY BONILLA” se pretendía configurar un fraude a la Constitución y al sistema democrático, pues “Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uso de su facultad legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral, el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”. 

“Pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, dijo el ministro presidente, al subrayar que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular, y al principio democrático: “Alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección como aquí ocurrió constituye un verdadero fraude poselectoral, pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener, conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder”. 

Por su parte, la ministra ANA MARGARITA RÍOS FARJAT adujo que los cambios a las reglas de la contienda electoral en Baja california no tenían base legal, porque la Constitución, en su artículo 105, especifica claramente que cualquier modificación debió ser antes del proceso electoral de esa entidad, es decir, septiembre de 2018, y no posterior, como sucedió, en octubre 2019, meses después de las elecciones. 

“No tengo duda que encontramos indignante la ley aquí impugnada, porque entraña un afán de justificar una violación constitucional, o de minimizarla, o de recubrirla con actos legislativos posteriores”, enfatizó la ministra. 

En el mismo tenor el resto de los ministros de la Suprema Corte expusieron razones en contra de esa disposición de la Legislatura de Baja California para al final votar por unanimidad por declararla definitivamente anticonstitucional, con lo que se anula la pretención de prolongar el mandato del controvertido gobernador JAIME BONILLA más allá de los dos años por los que legalmente fue electo. Hecho. 

Con ello, más allá de corregir tan abominable estuerto jurídico cometido en la entidad bajacaliforniana, habrá que considerar si la SCJN ha establecido las bases para cuestionar otras iniciativas, como la del presidente LÓPEZ OBRADOR de suspender su mandato a la mitad del mismo, si así lo determinara una pretendida consulta popular que desde luego no tendría en ningún momento mayor fuerza jurídica que el mandato Constitucional mediante el cual fue electo el mandatario por un periodo de seis años. 

De insistir en ello el Ejecutivo Federal tras la elección del 2021, cabe esperarse que la Suprema Corte -en respuesta a previsibles acciones de inconstitucionalidad que serían interpuestas por partidos de oposición- se vería obligada a revivir iguales o parecidos argumentos como los que esgrimió este lunes para anular el decreto de marras, emitido por el legislativo bajacaliforniano. Cabe esperarse. 

Con ello, opino, el Tribunal Constitucional del país, no sólo consolidó su autoridad frente a la inconstitucionalidad del decreto anulado este lunes, sino reafirmado su plena autonomía e independencia frente a los restantes dos poderes del país, en especial el Ejecutivo, lo que me parece doblemente saludable para la vida democrática mexicana. En hora buena. 

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