- Las sombras de la ruptura
- En medio de la crisis sanitaria
- Que obliga a profunda reflexión
- A todos los sectores de la sociedad
Las contradicciones que frente a la crisis sanitaria del llamado CORONAVIRUS y la inminente recesión económica que vive nuestro país, al unísono con el mundo entero, imponen a los mexicanos una reflexión que trascienda los linderos de una fe meramente religiosa esperanzada en una deseada, aunque improbable, “resurrección” inmediata a la superación de la pandemia y que los especialistas en proyección económica vaticinan será prolongada, posiblemente, hasta más allá del próximo año.
Ya las reacciones de importantes sectores empresariales, como los aglutinados en el poderoso Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza el controvertido CARLOS SALAZAR LOMELÍN, al sostener que una propuesta entregada al Presidente ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR que incluía planteamientos como suscribir un “gran convenio nacional” entre gobierno, empresas, trabajadores y sector social ante la crisis por la pandemia de Covid-19 fue ignorada por el mandatario, quien metafóricamente les cerró las puertas de Palacio Nacional, prefiguran una peligrosa ruptura entre los factores reales del poder económico y el Gobierno de la República.
Mucho abonó a esa posible ruptura la reacción inmediata del Presidente de enviar al dirigente del CCE una misiva en la que pide que quince grandes empresas -cuya identidad se reserva- paguen de inmediato supuestos adeudos al erario nacional por unos 50 mil millones de pesos, que pretendidamente aliviarían los apremios inmediatos de esta crisis.
CARLOS SALAZAR LOMELÍN reiteró públicamente que el plan propuesto por los empresarios, entregado y presentado a LÓPEZ OBRADOR en Palacio Nacional, también sugería la creación de proyectos de infraestructura y un programa de inversión para los noventa días críticos de la pandemia y entre cuyas medidas está el diferimiento – que no implica la condonación– de pagos durante el mes de abril de contribuciones a la seguridad social de empresas en sectores críticos como la aviación, hotelería y restaurantes, entre otros.
El Consejo Coordinador Empresarial no pide ningún tipo de reducción en los impuestos, pero sí solicita urgentemente al Gobierno de México la emisión de un Decreto a través del cual se otorguen las siguientes medidas durante el período que dure la epidemia COVID-19 en México:
1) Diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante 6 meses, o permitir enterar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.
2) Permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020.
3) Permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.
4) Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de IVA aplicable durante todo el ejercicio de 2020.
5) Permitir temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.
Con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo mediante la creación de un Consejo Económico Permanente como parte sustantiva del “gran convenio” propuesto por el CCE, del que, tal parece, solamente coincide con LÓPEZ OBRADOR en la propuesta de entregar créditos mensuales a la palabra por 25 mil pesos, misma que fue anunciada por el mandatario en su reciente informe trimestral de actividades.
En este contexto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual nuestro país es miembro, ha recomendado por su parte una serie de medidas similares emergentes de carácter fiscal a los gobiernos cuya finalidad es poder evitar que se profundice una crisis económica, tales como: 1) el diferimiento o la condonación de pagos de impuestos, 2) la eliminación de pagos anticipados a cuenta del impuesto final o en su caso el poder ajustarlos a la realidad que están viviendo las empresas con esta crisis, 3) simplificación y celeridad en los procesos para obtener devoluciones de IVA, 4) diferimiento de pagos de impuesto y derechos a la importación de mercancías, 5) diferimiento de pagos de cuotas en materia de seguridad social respecto de sus trabajadores, entre otras.
Sin embargo, esas propuestas no sólo hasta el momento no han sido plenamente consideradas, sino que en el país las sombras del posible enfrentamiento se alargan indefinidamente hasta los lindes de la creciente incertidumbre que una vez pasada la euforia religiosa de la semana “mayor”, amenaza con trascender hacia una generalizada desesperación que, tras la obligada contingencia sanitaria, podría llevar en breve a consecuencias más preocupantes que los mismos estragos de la pandemia.
Si ahora, obligados por la pandemia a una reclusión que pudiera prolongarse hasta más allá de este mes, los mexicanos pudiéramos reflexionar objetivamente sobre las proyecciones de la crisis y por su parte los gobiernos y los factores económicos, especialmente los empresarios, asumieran las responsabilidades que les corresponden, para en conjunto, gobernados y gobernantes, configurar una especie de “Plan Maestro”, es decir, un verdadero proyecto de nación que por sus características fuera ampliamente incluyente y exento de las concepciones separatistas o ideológicas encontradas que nos dividen, posiblemente las consecuencias de la crisis fueran menos dolorosas. Posiblemente.
