Ana María López 

En conversación con Acta Semanal explica cómo es que este fenómeno ha ido creciendo, como es que esas concesiones limitan el acceso al agua de los demás ciudadanos y las consecuencias del actual modelo de administración y distribución del líquido.

El problema del agua en México es un problema que se ha sido construyendo y exacerbando, porque cuando revisamos la cantidad de agua que hay en el país, la verdad es que somos un país privilegiado porque tenemos sistemas hídricos muy importantes en todo el territorio. México tiene dos grandes regiones: el norte, región hídrica, que en cuanto a agua superficial está más limitada, y la región sur-sureste, con gran cantidad de agua superficial.

En México no se había tenido ningún problema sino hasta los últimos 30 años, relacionado en cierta manera a una forma de gestión administrativa del agua concentrada en un órgano, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que responde a un sistema de gestión basado en concesiones tanto de obtención de agua como de descarga de agua; un sistema de clasificación de cuerpos de agua superficiales basado en los parámetros de contaminación y que determinan económicamente el valor de la concesión.

Eso obedeció a un momento histórico, cuando por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció una política de atracción de la actividad industrial, y para que fuera atractivo el país para los inversionistas extranjeros se debilitó el marco regulatorio en cuanto a inspección ambiental. Antes de 1994 había más de 40 normas ambientales que tenían que cumplir las industrias en cuanto a calidad de agua residual descargada en aguas superficiales, pero se simplificó a una sola norma ambiental.

¿En manos de quién está esas concesiones?

Las reformas estructurales de aquellos años permitieron abrir la posibilidad de compra, venta y renta de estas concesiones a particulares, concesiones que prioritariamente antes se daban a la producción de alimentos y el consumo humano, de tal manera que a lo largo de las décadas se ha generado un sistema poco transparente de cómo se distribuyen las concesiones, quién las tienen y realmente cuánta agua disponible se tiene.

Podemos ver, por ejemplo, en el registro de Conagua que hay concesiones en manos de bancos, muchas, y una forma de explicarlo es que muchas veces los concesionarios ponen en prenda la concesión para obtener créditos y al final quedan endeudados y no pueden recuperarla.

Por otro lado, en la primera década de los 2000 se otorgaron varias concesiones a refresqueras y a mineras, lo que obviamente contribuye con la limitación del acceso al agua para otros usos. Muchas de las concesiones de las refresqueras están en zonas donde hay mayor cantidad de agua que aflora en las faldas de las montañas, y esto ha ido limitando el aporte de agua de estos manantiales hacia los flujos de los ríos.

A lo largo de 30 años, hemos ido construyendo lo que actualmente estamos viviendo como una crisis hídrica, porque cuando se empiezan a contaminar los cuerpos de agua superficiales por las actividades industriales y las grandes manchas urbanas, esa agua ya no está disponible para la producción de alimentos, entonces la agricultura empieza a buscar aguas subterráneas y al mismo tiempo los centros urbanos empiezan a depender de estas, pero en casi todo el centro del país y el occidente los acuíferos están sobreexplotados, lo que obliga a perforar más profundamente con el riesgo de que encontremos agua fósil contaminada con arsénico o con flúor. Esto también ha generado proyectos de trasvase extrayendo agua de una cuenca a otra afectando a terceros.

Tenemos un desastre respecto a la administración, porque se han ido tomando decisiones en función de es estas crisis, sin modificar estructuralmente el órgano concentrador de esta política hídrica del país.

¿Cuáles han sido las consecuencias de este modelo de gestión del agua?

Las consecuencias de esta crisis son que no tenemos agua disponible a lo largo del año para consumo humano, quien tiene agua la tiene por tendeo y hay comunidades que dependen de pipas que les lleven agua y de procesos de privatización escondidos.

Otra consecuencia es que los ríos del país, los cuerpos de agua superficiales, ya no solamente están contaminados por aguas negras de las ciudades, sino por aguas residuales de tipo industrial, donde los contaminantes son más complejos de degradar y ponen en riesgo la salud de los ecosistemas y de las personas que viven cerca.

Desafortunadamente el sistema de concesión a través de la clasificación de la calidad del agua favorecen que el cuerpo de agua contaminado tenga un menor costo por la concesión, y eso impide que existan montos altos para recaudar fondos y restaurar esos cuerpos de agua.

Los sistemas de tratamiento de agua se concentran en los municipios que muchas veces no tienen dinero para atender una planta, y aunque lo tuvieran, esas plantas de tratamiento no están diseñadas para tratar aguas de tipo industrial.

Además, tenemos una falta de atención en cuanto a los sistemas de conducción y al sistema de drenaje; hay muy poco mantenimiento preventivo, siempre es después de la inundación. Hay muy pocos ejemplos de acciones preventivas para la temporada de lluvias.

Este año ha sido más observado en cuanto a cómo se gestiona el agua en México. Pasamos por una etapa de sequía muy fuerte, en la cual el estrés hídrico en las ciudades fue muy alto. Vimos cómo las presas empezaron a disminuirse a un punto de alto riesgo hídrico, y eso lo vimos en el Estado de México , y entonces todo mundo comenzó a cuestionar: ¿y a dónde se va el agua? Y entonces empezamos a observar que el trasvase que se hace a la CDMX desde el estado de México y Michoacán es tremendo. Empezamos a ver cómo la ciudad de México es prioritaria y no las comunidades que viven a los lados de estas presas. Aquí se muestra una desigualdad y una injusticia mucho más clara de cómo se gestiona el agua.

Y en época de lluvias, lo que vemos es que nuevamente los sistemas de drenaje no tienen mantenimiento y hay inundaciones por todos lados.

Nosotros hemos construido nuestra propia crisis, efectivamente hay un cambio climático, pero se exacerba por nuestras malas decisiones, mala gestión, la corrupción de sistemas como la Conagua, que prioriza a los grandes capitales y aletarga las acciones preventivas para las comunidades más vulnerables.

¿Qué soluciones plantearía?

Tenemos que empezar por reestructurar a la Conagua y democratizar la gestión del agua. Cada estado y cada región requiere de una estructura de toma de decisiones contextualizada a sus problemas, para eso se requiere la participación de las comunidades en las decisiones de cómo se va a gestionar el agua, saber cuánta agua hay, cómo se está distribuyendo, quién la está pagando y quién no, quién es el concesionario. Hay concesiones de 50 años, de 100 años, y hay que ver por qué.

Y aunque coincido en que el agua debe ser, primero, para el consumo humano, después para la producción de alimentos y así sucesivamente, siempre he pensado que antes hay que pensar en el agua para los ecosistemas y después el agua para los humanos. Es decir, mantener el ciclo hídrico a través no solamente de cuánta agua usamos, sino cuánta agua permitimos que esté presente en los ecosistemas para que mantenga ese ciclo hídrico, que no solamente es el agua, sino toda la conexión hidrológica de la fuente de agua. Necesitamos bosques, necesitamos manantiales abiertos, que fluya el agua, para que esto al mismo tiempo siga alimentado la generación de bosques y de zonas de recarga. Y entonces sí distribuyamos el agua para consumo humano, para producción de alimentos, etcétera.

También es muy importante respetar los usos del agua comunitaria ancestrales. Yo trabajo mucho en Tlaxcala, y allá hay 600 comités de agua que a lo largo de décadas han gestionado el agua y la han distribuido. Así han funcionado estos comités del agua en varios lugares del país. Tenemos que asegurar que estos comités sigan funcionando, que tengan recursos para poder distribuir el agua a un nivel local.

Otro aspecto clave es limitar la cantidad de agua de buena calidad que se distribuye a la industria. La industria no necesita agua de buena calidad, puede operar con agua residual tratada, que es algo que no ocurre en México. Si bien nos va, alcanzamos apenas el 12, 15% de tratamiento de aguas a nivel nacional, eso hace que el agua que estamos vertiendo esté contaminadísima y o se pude usar para nada, ni siquiera para la industria. Tenemos que incrementar el tratamiento de agua y llevar a la industria a reutilizar el agua que usa o que usan otras industrias, esto se llama economía circular del agua.

Todo esto está plasmado en una iniciativa de Ley General de Agua; en la que se habla de las contralorías sociales del agua, de la declaratoria de cuenca gravemente afectada por la contaminación, de la revisión de las concesiones y una distribución más justa, de la protección de las fuetes de agua, de los pueblos indígenas y afromexicanos que por su condición de vulnerabilidad social tienen una prioridad sobre la gestión del agua, y no solamente sobre el acceso a manantiales o de escurrimientos, sino también abre la oportunidad del tratamiento alternativo.

La Ley vigente obedeció y sigue obedeciendo a los intereses o a las políticas económicas de los años 90. Hoy tenemos que hacer un cabio sustancial y de fondo.

¿Cuál es su expectativa con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum?

Creo que hay buenas luces respecto a que vamos a continuar con una forma de trabajo más horizontal, que se van a abrir espacios de debate y que vamos a avanzar hacia reformar la ley. Lo digo porque ella está comprometida a que en esta legislatura recién iniciada el tema del agua sea prioritario.

Creo que al ser una persona con pensamiento científico, asociada a personas técnicamente muy especializadas, eso va a permitir cambiar los modelos que han operado. Sin embargo, no creo que esto se vaya a resolver en seis años. Será paulatino. Lo que sí veo es que la ciudadanía está más despierta y más exigente que antes.

Por otro lado, no veo cómo frenar o limitar las actividades industriales sin perjudicar la economía. Es complicado, porque nuestra posición como país es que tenemos los recursos limitados, y entonces tenemos que ceder. Aquí el tema es cedamos, pero con ciertas limitaciones. No podemos seguir produciendo un millón de autos al año sin comprometer los recursos natrales del país.

Algo que veo muy positivo es que entre la CDMX y el estado de México vamos a tener dos gobiernos que dialogan muy cercanamente y que tienen una visión más hacia la justicia social, y eso creo que va a mejorar mucho a las comunidades que está más afectadas actualmente.

¿Qué opina de los perfiles científicos que han llegado a los gabinetes de los gobiernos?

Yo creo que bien, porque no son personas que tengan poco tiempo de estar analizando el problema, sino que tienen muchos años de experiencia, han podido conocer muchos modelos y entienden la cosmovisión de los pueblos en donde se están dando las cosas, como el caso del doctor Pedro Moctezuma, secretario del Agua del estado de México, que lo veo bastante bien, en términos de que él claramente tiene la convicción de que la participación de las comunidades en la toma de decisiones es clave para solucionar los problemas y, al mismo tiempo, está convencido de que los trasvases no son la solución y de que, al contrario, hay que reducirlos.

La ciudad de México necesita reducir su dependencia del Sistema Cutzamala y buscar la manera de resolver los problemas, porque el Cutzamala es ua solución fácil, pero el problema de fondo es cómo vamos a distribuir el agua en la ciudad y cómo conservar el agua que tenemos en la cuenca.

Un gran acierto fue mantener el lago de Texcoco, otro fue gestionar cuerpos de agua que todavía existen en la parte sur de la ciudad y la cosecha de lluvia, pero eso no es suficiente. Es complicado, porque todavía hay funcionarios que tienen esa manera de pensar: abramos más pozos y traigamos más agua del Sistema Cutzamala.

Fotos: Especial Acta Semanal.