Martha Romero 

El Congreso de la Unión aprobó la madrugada del pasado miércoles el proyecto de decreto en materia de Reforma del Poder Judicial. Con 86 votos a favor y 41 en contra en el Senado de la República, y antes con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones en la Cámara de Diputados, la minuta de reforma judicial fue turnada a los Congresos estatales, donde debía ser aprobada por 17 de estos para regresar al Poder Ejecutivo a fin de ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, a menos que alguno de los intentos de la oposición para frenarla con alguna medida legal diera resultado, aunque juristas, académicos y legisladores de morena las han desestimado por improcedentes.

Fueron 23 los Congresos locales, en calidad de integrantes del Constituyente Permanente, los que hasta el pasado viernes 13 habían aprobado la reforma: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Sonora, Hidalgo y San Luis Potosí. Jalisco votó en contra.

¿En qué consiste la reformas?

El proyecto de decreto avalado por las Legislaturas estatales define un procedimiento específico para la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto universal, libre, directo y secreto de las y los ciudadanos.

También elimina el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar establece un órgano administrativo especializado con independencia, autonomía técnica, de gestión y para la emisión de resoluciones, funcional y orgánicamente separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Prevé la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, que estará compuesto por cinco magistrados que también serán elegidos a través del voto popular para que tenga legitimidad democrática e independencia para emitir sus resoluciones, y tendrá facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial, con el fin de asegurar el acceso a la justicia, el interés colectivo y el combate frontal contra la discrecionalidad y la corrupción.

Además, el dictamen establece que las autoridades judiciales, federales y estatales no podrán recibir remuneración superior a la que recibe el titular de la Presidencia de la República, dispone la desaparición de fideicomisos y que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá establecer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras.

El Congreso mexiquense, a favor

A pesar de que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) trató de impedir la deliberación y la votación mediante el argumento de que existe un amparo y la LXII Legislatura estaría en desacato si continuaba con el proceso, el intento no prosperó y el Pleno avaló, con 54 votos a favor, 20 en contra y una abstención, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de México en materia del Poder Judicial.

Las y los diputados que votaron a favor fueron los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, mientras que quienes lo hicieron en contra fueron las y los integrantes de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. La abstención fue de la diputada, hoy expriista por esta causa, Paola Jiménez Hernández.

Si bien los Congresos estatales deben concretarse a aprobar o no las minutas enviadas por las Cámaras del Congreso de la Unión, sin discutir sus puntos, pues en este nivel no es posible ya modificarlas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara mexiquense acordó que cada grupo parlamentario expusiera un posicionamiento.

Por Morena lo hizo la diputada Zaira Cedillo Silva, quien en principio señaló que el 12 de septiembre fue un día histórico, porque se va a profundizar en la transformación del Estado de México y el dictamen de la reforma al Poder Judicial inicia un proceso crucial para la impartición de justicia e instaura en México un verdadero Estado de derecho.

Por su parte, la legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina, en representación de la bancada del PVEM, dijo que a pesar de los avances logrados en la composición y facultades del Poder Judicial, aún enfrenta desafíos significativos y la reforma propuesta es un firme compromiso de marcar un cambio de rumbo en los hechos y no solo en la disertación.

La diputada Yareli Anai Esparza Acevedo, a nombre de la fracción parlamentaria del PT, indicó que México vive momentos históricos con la continuación de una profunda transformación de la vida social y política, además de que los ciudadanos les dieron a los legisladores de la 4T un mandato para liberarse de la oligarquía que por muchos años se adueñó de la impartición de justicia.

Los posicionamientos en contra

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, resaltó que el poder es uno y para su ejercicio se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo consideró que es peligroso que se esté planteando con esta reforma el debilitamiento de “uno de los pilares fundamentales de la democracia y del propio Estado Mexicano”.

Por el PAN, el coordinador de la bancada, el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, aseveró que esta reforma, en los términos en que está planteada, no busca fortalecer la justicia, sino manipularla porque pretende que la impartición de justicia se base en juzgadores que no ocupen las posiciones por calificación técnica, sino en principios electorales. En suma, afirmó, no busca ser imparcial y equitativa, sino servir a los intereses de unos pocos.

Antes, y por medio de un escrito que el presidente de la Directiva, diputado Maurilio Hernández, leyó al inicio de la sesión, el legislador panista solicitó que la discusión de la minuta fuera retirada del orden del día, argumentando que hay una suspensión dictada por una jueza y al sesionar se vulneraría la Ley de Amparo; sin embargo, la petición fue desechada por el Pleno.

Por otro lado, el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, el legislador Juan Zepeda Hernández, externó su “solidaridad total y profunda con los miles de trabajadores del Poder Judicial, además con las miles de víctimas y sus familias que a lo largo y ancho del país están urgiendo una pronta y expedita justicia, demanda que es legítima y genuinamente inaplazable”.

Finalmente, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, tras externar su rechazo a la reforma, consideró que su aprobación es un grave error que evidencia una “visión sesgada del sistema de justicia”, ya que se enfoca exclusivamente en cambios al Poder Judicial y omite reformas tanto a los ministerios públicos como a las fiscalías estatales, piezas fundamentales para la investigación y persecución de delitos.

La última intervención desde la tribuna fue de la diputada Paola Jiménez Hernández, quien luego de que decidiera abstenerse de votar en contra, como su partido acordó que harían en bloque sus legisladores, decidió separarse de su bancada y convertirse en legisladora sin partido.

En su mensaje, en el que no anunció todavía esta determinación, destacó que la reforma se trata de una propuesta con “graves claroscuros”, pero que se sustenta en las propias deficiencias del sistema de procuración de justicia, y recordó que en México más de 96% de los delitos quedan impunes, pues de cada 100 que se cometen solo 6.4 se denuncian, y de cada 100 delitos que se denuncian únicamente 14 se resuelven.

PJEM, en ánimo constructivo

La reforma constitucional prevé que los Poderes Judiciales de las entidades de la república deben llevar a cabo sus propios procesos de reforma y le da un plazo de 180 días para concretarlo. Una de las disposiciones que deberán cumplir, igual que las y los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, es que ninguno de ellos tenga un salario superior que el del jefe del Ejecutivo federal y estatal.

Hasta ahora, y a pesar de que esta es una norma contenida en la Constitución de la república desde octubre de 2019, los salarios netos de los mandos superiores en el Poder Judicial del Estado de México van de los 135 mil a los 200 mil pesos.

El jueves pasado, después de la aprobación de la minuta por el Congreso local, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de sus redes sociales, señaló que “con el ánimo propositivo y constructivo, el Poder Judicial analizará los distintos escenarios para colaborar en la definición del mejor marco normativo, adaptable a las condiciones para la entidad mexiquense y aterrizar la reforma a la Constitución General de la República en materia de administración de justicia”.

“La autonomía de nuestro estado —continuó— y su vocación federalista y republicana, permitirá que, como siempre ha ocurrido, sus tres Poderes tengan una estrecha colaboración para desarrollar la legislación que favorezca al modelo adecuado para la judicatura mexiquense”, resaltó.

Mientras corría la sesión deliberante en la que se votó la minuta de la reforma al Poder Judicial, trabajadores de este organismo con sede en Toluca protestaron al exterior del Congreso del Estado de México para llamar a los legisladores mexiquenses a emitir “un voto consciente sobre una reforma que es totalmente arbitraria contra la independencia judicial”.

Advirtieron que si bien continuarán con el paro de labores en el Poder Judicial hasta el 2 de octubre, después de que haya rendido protesta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, seguirán atendiendo los asuntos que sean urgentes.

Abiertos los espacios para el diálogo

El diputado Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura local, afirmó que la implementación de la reforma judicial en el Estado de México no será una réplica de modelos nacionales, sino que se abrirán espacios para el diálogo y la participación ciudadana.

Agregó que como parte del proceso y después de su aprobación, se llevarán a cabo foros en los que se involucrará de manera activa al Poder Judicial para adaptar la reforma a las necesidades específicas de la entidad; ello, con el fin de asegurar que la reforma sea en beneficio de las y los mexiquenses, por lo que trabajaran con todos los actores clave para lograr un consenso que fortalezca el sistema judicial.

Reiteró que los foros y el diálogo que sostendrán con el Poder Judicial son esenciales para asegurar que la reforma tenga un impacto positivo, por lo que continuarán con los ajustes a las leyes complementarias y para ello es esencial la participación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Destacó que la reforma judicial busca modernizar el sistema de justicia en México y que en el Estado de México se quiere un sistema más accesible y eficiente, por lo que buscarán integrar a todos los sectores para garantizar un proceso transparente.

Vázquez Rodríguez señaló que si bien el Congreso Mexiquense fue el número 19 en aprobar dichas reformas, respetaron el plazo que marca la ley de hacerlo al menos 24 horas después de la notificación del Senado, ello con el fin de evitar que la votación pudiera ser impugnada.

Resaltó que para el Estado de México no fue un tema de “carreritas” con otras entidades, sino de hacer las cosas bien y de manera legal. “En este caso, se está cuidando el procedimiento y que todo salga en tiempo y en forma, para que no sea objeto de amparos o impugnaciones”, concluyó.

La reforma, declarada constitucional

Luego de que fuera aprobada por 23 Congresos estatales, la reforma al Poder Judicial fue declarada constitucional por el Senado de la República, en sesión del viernes 13 de septiembre presidida por Gerardo Fernández Noroña. La declaratoria fue realizada con la ausencia de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

De esta manera, se cumplió un paso más para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor a partir del 15 de septiembre, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque otro juez, en otro intento de bloquear el tránsito de la reforma, ordenó la suspensión temporal de la publicación hasta el 11 de octubre, determinación que también fue señalada como improcedente por especialistas en derecho del lado de la 4T y defendida con menos estridencia cada vez por sus contrarios.

En esta sesión del Senado estuvieron presentes 83 legisladores, entre ellos Miguel Ángel Yunes, el panista que dio el voto definitivo para que se alcanzar la mayoría calificada que permitiera la aprobación de la reforma constitucional, mientras que el resto de las y los integrantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano estuvieron ausentes.

“La Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente”, proclamó Fernández Noroña, lo cual sucedió unas horas después, cuando el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, declaró:

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.

Fotos: Especial Acta Semanal.