Martha Romero 

Por mayoría de votos, las, le y los integrantes del Congreso Estado de México aprobaron las reformas a los artículos 248 y 251, así como la derogación de los artículos 249 y 250 del Código Penal estatal para permitir la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

 Cinco legislaturas del Congreso del Estado de México recibieron diversas iniciativas con este propósito; fueron 17 años de lucha de colectivas feministas y defensoras de los derechos de las mujeres en este terreno, para que finalmente hoy, con el primer parlamento mexiquense de mayoría femenina, se consiguiera que las mujeres dejen de ser criminalizadas por ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

 Ha sido un largo debate en el que, a decir de la diputada Paola Jiménez Hernández, está el silencio y la complicidad que por muchas Legislaturas dejó a las mujeres y minorías expuestas a la desigualdad, la discriminación y la violencia.

 Con el voto a favor de los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y una votación dividida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el voto de una diputada sin partido, las bancadas coincidieron en que esta fue una fecha en la que se saldó una deuda histórica con las mexiquenses, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

 Si bien el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra y seis de sus siete integrantes (cuatro diputadas y dos diputados) expusieron en tribuna sus argumentos basados en la defensa de la vida desde la concepción, la bancada completa abandonó el recinto cuando la legisladora morenista Selina Trujillo Arizmendi presentaba el posicionamiento de su partido.

 “Es importante enfatizar que confundir el aborto con la interrupción legal del embarazo genera imprecisiones tanto jurídicas como clínicas. El aborto, como lo han mencionado con tanta fuerza aquí los de la bancada del PAN, que, por cierto, quiero decirles y señalar que se salieron y nosotros escuchamos sus argumentos… Se me hace una bajeza que no estén aquí escuchando la posición de quienes defendemos la interrupción legal del embarazo”, precisó.

¿Qué dice el dictamen?

El dictamen integrado por la Comisión Legislativa para la Igualdad de Género señala, en el reformado artículo 248, que no se considera delito la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas completas de gestación, pero si se practica una vez terminado este plazo, sí se sancionará con seis meses a un año de prisión; y cuando ocurra sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, la pena será de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa.

 La pena aumentará en una mitad si la interrupción del embarazo más allá del término de las 12 semanas es provocada por personal médico, de enfermería o partería, sanción que se acompañará por la suspensión de tres a seis años en el ejercicio de su profesión y, en caso de reincidencia, la suspensión llegará a 20 años

 Por el momento no se incluyó el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo en la asignación de presupuestos específicos para realizar este procedimiento de manera gratuita a través del sistema de salud pública.

Años de espera

La diputada sin partido Paola Jiménez Hernández aseveró que la iniciativa fue presentada con el firme propósito de que fuera aprobada tras años de espera y debates pendientes. “No se trata de que esta propuesta haya tardado 17 años en ser presentada, sino de reconocer que ha llegado el momento de corregir este rezago legislativo y avanzar hacia un marco jurídico que garantice los derechos de las mujeres en nuestra entidad”. Agregó que este es un acto de justicia social y una respuesta urgente y necesaria a una realidad que por décadas ha sido ignorada.

 Recordó que antes del Congreso del estado de México, otros 17 estados ya habían legislado la interrupción del embarazo como una decisión voluntaria de la mujer o persona gestante. “En todos estos estados, incluyendo el Estado de México, la discusión conservadora se ha centrado en dónde o cuándo fincar el inicio de la vida: desde la fecundación, desde la formación del cerebro, al término de un determinado periodo. La realidad es que estos argumentos han buscado desviar la atención del fondo: el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos”, y acusó que esta discusión fue eludida por años en la entidad “por incidencia de banderas prejuiciosas, por ser un tema que divide opiniones y porque hay quienes, con falta de ética, bloquearon la discusión”.

 Dijo además que “quienes impulsamos con firmeza esta deliberación, sabemos bien que ningún representante de ideología progresista permitiría que esta discusión sea nuevamente vetada y que, en el fondo de este debate, está también el silencio y la complicidad que por muchas Legislaturas dejó a las mujeres y minorías expuestas a la desigualdad, la discriminación y la violencia”.

 A nombre del grupo parlamentario del PRD, la legisladora Araceli Casasola Salazar destacó que esta victoria es fruto de un trabajo colectivo y de la resistencia de miles de mujeres que durante décadas han luchado por sus derechos, y puntualizó que “el reto será vigilar y exigir que la legislación se implemente de manera efectiva para asegurar el acceso universal a servicios de salud y educación sexual para las mujeres mexiquenses, pues el derecho a decidir es ley, pero la lucha continúa”.

 la diputada Ruth Salinas Reyes, de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseveró que las diferencias ideológicas no fueron un impedimento para que en esta fecha se haga historia en el Congreso Mexiquense donde el sector femenino es mayoría y si bien falta mucho por hacer, el primer paso ya se dio y la Marea Verde seguirá creciendo.

 La legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el de la interrupción legal del embarazo no es un debate sobre cifras ni ideologías, sino de los caminos que deben recorrer muchas mujeres por un embarazo no deseado, porque no es una decisión sencilla, sino un proceso cargado de dudas y muchas veces de profundo dolor.

 Dijo además que las mujeres en el Estado de México continúan enfrentando la clandestinidad, la discriminación y los peligros que conlleva una interrupción insegura, lo cual afecta de manera directa a las mujeres en situación de pobreza. “En otras palabras, la penalización de la interrupción del embarazo es una forma de violencia institucional que discrimina y castiga a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad”.

 Puntualizó que “la despenalización no significa la promoción de la interrupción legal del embarazo, sino que es la garantía de que las mujeres tengan acceso al derecho humano a la salud reproductiva y sexual sin ser discriminadas, criminalizadas ni perseguidas”.

 Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina refirió que la prioridad del Congreso mexiquense es mantener la legislación actualizada al cubrir las necesidades de acuerdo con las condiciones sociales para propiciar el respeto irrestricto a los derechos humanos y su consideración prioritaria en las políticas de gobierno.

 Del PAN, la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio afirmó que la interrupción del embarazo no es una solución a los problemas de la mujer, sino que puede generar más sufrimiento para ellas y sus familias, y dijo que “no podemos permitir que la vida sea interrumpida sin considerar las consecuencias. Debemos de trabajar juntas y juntos para proteger, para proteger la vida y el derecho de todos los seres humanos, en especial de los más vulnerables”.

 El coordinador de esta bancada, Pablo Fernández de Cevallos González, argumentó que “en lugar de estar planteando el aborto como única solución (sic), debemos trabajar en este Poder Legislativo juntos para abordar y dar solución a las causas estructurales que perpetúan la violencia, la pobreza, la desigualdad en perjuicio de las mujeres”, y agregó que esta iniciativa “solo causa más problemas, como es el no tener un adecuado esquema financiero para garantizar la atención médica, la existencia de materiales médicos y evidentemente la capacidad de los médicos para realizar este tipo de prácticas”.

Fotos: José Hernández y Acta Semanal.