Gabriela Landetta
“Los imputados no se presentaron a la audiencia y el juez tuvo por no justificada la inasistencia de 6 de los 7 imputados. Esto no es derecho a la defensa sino abuso del sistema judicial, una práctica común de Aleatica y de la anterior administración del Estado de México”.
Así lo expresó en su cuenta de X el abogado Paulo Díez Gargari sobre el desdén de cinco exfuncionarios del gobierno de Alfredo del Mazo Maza a un llamado de la justicia federal a comparecer el pasado jueves 4 de enero de 2024.
Diez Gargari, ha evidenciado, desde hace más de ocho años, los actos de corrupción en los que estuvo involucrada la empresa española OHL, hoy Aleatica, con el gobierno del estado de México para recibir la concesión correspondiente a la construcción del Viaducto Bicentenario.
Tras una larga batalla legal por llevar a los responsables ante la justicia, en 2022 logró que las autoridades judiciales dieran entrada a la carpeta de investigación que él había presentado.
Como resultado del procedimiento, este jueves 4 de enero se tenía prevista una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, en la que participarían, entre otros, los exfuncionarios —todos del gobierno de Alfredo del Mazo Maza— Ernesto Nemer Álvarez, exsecretario general de Gobierno; Luis Gilberto Limón Chávez, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo Lara, exdirector del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares del Estado de México, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos, así como directivos de la empresa señalada. Sin embargo, ninguno de ellos asistió a la audiencia.
Un día antes, Díez Gargari había declarado en el noticiario Aristegui en Vivo: “Espero que este sea el primer paso para que el gobierno recupere ese bien nacional de uso común, ilegalmente explotado por una empresa privada, en beneficio de la nación, sin derecho a indemnización para la empresa”.
Confiaba entonces en que el juez de control decidiría si vinculaba a proceso a los involucrados, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentara la imputación respectiva, lo cual no sucedió debido a la inasistencia de los exfuncionarios.
En sus argumentos, el abogado ha señalado una y otra vez que la concesión otorgada en su momento a OHL fue ilegal, porque el viaducto es una vía de jurisdicción federal y el gobierno federal no fue quien autorizó su operación ni explotación, situación por la cual Díez Gargari considera que Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal, no debe evadir su responsabilidad en el tema.
El pasado 21 de diciembre de 2023, el abogado dirigió una serie de mensajes al secretario, en los cuales lo cuestiona por no devolver el viaducto en beneficio de la nación y etiqueta tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a la Fiscalía General de la República. En ellos, textualmente, escribió:
“Qué intereses ocultos animan la conducta del secretario @jorgenunol? ¿Por qué no nos dice quién es Nogamex? ¿Sus intereses ocultos en el Libramiento de Nogales son los mismos por los que se niega a recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación, Secretario?”
“Responda Secretario @jorgenunol: el Viaducto Bicentenario es de la NACIÓN, ¿verdad que sí? Si usted considera que no es así, díganos cuándo y cómo se desincorporó del dominio público de la Federación. ¿Sí sabe usted qué es eso, verdad?”
“No Secretario @jorgenunol, el @Edomex no “opera” la concesión del Viaducto Bicentenario, porque esa concesión no existe. Lo que trató de hacer el @Edomex fue autorizar la explotación ilegal de una carretera federal sin concesión previa de @SICTmx”, continuó Díez Gargari,
El abogado ha arremetido en varias ocasiones en contra de este funcionario federal, al señalar que es su responsabilidad personal evitar que ese bien de la nación lo siga explotando ilegalmente una empresa extranjera.
El 21 de noviembre del 2022, Díez Gargari encabezó una movilización para asegurar el Viaducto Bicentenario. Entonces, escribió en su cuenta de Twitter, hoy X: “y lo pusimos a disposición de @SCTmx. De @jorgenunol depende que los corruptos devuelvan lo robado o que sigan robando impunemente”.
Movilidad inteligente
Aleatica, cuyo eslogan reza “Movilidad inteligente, sostenible y segura”, se anuncia como “un operador puro de infraestructura de transporte, de origen australiano, con presencia en Europa y América Latina”. En Europa tiene 190 kilómetros de autopistas; en Sudamérica, 593.2 kilómetros de autopistas urbanas, y en México, 370 kilómetros de autopistas urbanas e interestatales, siete en total, a las que señala en su publicidad como “infraestructura clave en la región más densamente poblada y dinámica de México”.
De ellas, tres vías se encuentran en el estado de México: el referido Viaducto Bicentenario, el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Atizapán-Atlacomulco (217 kilómetros entre las tres). Las otras son la autopista Urbana Norte y la supervía Poetas, en la Ciudad de México, además de la autopista Amozoc-Perote y el libramiento elevado de Puebla, en esa entidad vecina.
Aleatica presume una inversión acumulada en México de 3.4 mil millones de euros (62.8 mil millones de pesos mexicanos al cambio de hoy) y 232 millones de vehículos que viajan por sus carreteras cada año.
En julio de 2021, la empresa anunció que construiría otra obra en el estado de México: un enlace hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una inversión de 3 mil 900 millones de pesos que, de acuerdo la información de su sitio web, consiste en un distribuidor de viaductos elevados de 5.9 kilómetros conformado por seis enlaces: tres entradas y tres salidas que dan acceso a las tres zonas con más números de traslados en el país (Toluca, Querétaro y la Ciudad de México) y se conectan mediante dos vías con el Circuito Exterior Mexiquense, provenientes de la autopista Chamapa-Lechería, en dirección Lago de Guadalupe-AIFA, con un ramal hacia la autopista a Querétaro.
De esta manera, la concesión original otorgada en 2003 por Arturo Montiel Rojas, entonces gobernador del estado a la que en esos días era la empresa española OHL se amplió, ahora por el gobierno delmacista, y ya no concluirá en 2051, sino en 2063.
En la descripción de la obra, Aleatica dice que “un proyecto de la magnitud que tiene la obra de interconexión con el AIFAno habría sido posible sin la coordinación con las autoridades”. Y puntualiza: “En Aleatica hemos trabajado de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del Estado de México”.
El 14 de marzo de 2019, en un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre “una campaña sucia orquestada por empresas privadas, dependencias del anterior gobierno federal y un gobierno estatal en el proceso electoral federal de 2017-2018 que tuvo como uno de sus productos la serie del ‘Populismo en América’”, un “documental” difundido en la plataforma de Amazon Prime que, dice su presentación “aborda el tema del populismo desde sus orígenes en la antigua Rusia hasta su expansión en América Latina principalmente en Argentina, Brasil, Venezuela y México”.
La UIF identificó que la empresa Bufete de Proyectos de Información “recibió 186 millones de pesos provenientes de la empresa OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. Los recursos recibidos por el bufete fueron entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto ‘Populismo en América’”.
Además, el propio Díez Gargari ha señalado en varios foros y momentos que OHL financió campañas políticas priistas en el Estado de México, en concreto las de los sucesivos gobernadores mexiquenses Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, y la federal de Enrique Peña Nieto.
Exhorto respetuoso
A lo largo de esta historia no solo el abogado Paulo Díez ha levantado la voz, también lo ha hecho el diputado Faustino de la Cruz Pérez, del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de México, para señalar en varias ocasiones la corrupción e ilegalidad con la que Aleatica, antes OHL, ha operado el Viaducto Bicentenario, a través de exhortos que ha presentado en tribuna para exigir la intervención de las autoridades, de las federales, en este caso.
El 15 de noviembre de 2022, por ejemplo, llamó a los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal, Jorge Nuño, y al de Movilidad del Estado de México en esos días, Gilberto Limón, a recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación, recordando que hasta ese momento ya eran más de diez años de su exploración ilegal.
Al igual que lo ha denunciado en múltiples ocasiones el abogado Díez Gargari, el legislador morenista ha insistido en que Aleatica no recibió la concesión por parte de las autoridades federales, sino que fue un contubernio con el gobierno del entonces mandatario estatal Enrique Peña Nieto.
Durante su participación en tribuna en la sesión legislativa del 15 de noviembre de 2022, De la Cruz refirió que, un mes antes, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito había resuelto el amparo en revisión 141/2022, con lo cual confirmó el amparo que meses atrás había otorgado, a su vez, el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México en favor del abogado Paulo Díez, quien exigió la recuperación del Viaducto Bicentenario como bien de la nación.
En ese contexto, el diputado manifestó que, al no contar con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Aleatica incurre diariamente en un delito que debe sancionarse hasta con 12 años de prisión y con la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la nación, sin derecho a indemnización de ninguna especie. “Se trata de una resolución firme, que no admite recurso alguno, es decir, que este asunto es cosa juzgada”, dijo.
Destacó además que la vía utilizada para construir el Viaducto es de jurisdicción federal, ya que es parte de la carretera México-Querétaro, al tratarse del tramo comprendido entre el Toreo de Cuatro Caminos, en Naucalpan, y Tepalcapa, en Cuautitlán Izcalli.
Fue por ello que declaró entonces: “Desde esta tribuna, el grupo parlamentario de Morena exhorta respetuosamente al titular de la SICT para que recupere inmediatamente el bien nacional de uso común conocido como Viaducto Bicentenario e impida que Aleatica siga beneficiándose impunemente por la comisión de un delito, en perjuicio de la colectividad. Lo anterior, con fundamento en lo que se establece en los artículos 523 de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 75 de la Ley General de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 107 de la Ley General de Bienes Nacionales”.
Otro diputado morenista de la LXI Legislatura del Estado de México, Daniel Sibaja González —hoy secretario de Movilidad del gobierno de Delfina Gómez Álvarez— ha hecho declaraciones en torno a este caso de corrupción, y planteó la opción de crear una Comisión Especial de Seguimiento a las Concesiones Vigentes de la Infraestructura Vial Primaria del Estado de México, para fiscalizar los ingresos que ha obtenido la empresa Aleatica (OHL) por la concesión otorgada por el gobierno mexiquense.
En marzo de 2022, la diputada Azucena Cisneros Coss y los diputados Nazario Gutiérrez Martínez, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Faustino de la Cruz Pérez y Daniel Andrés Sibaja González (todos de Morena) presentaron ese punto de acuerdo dirigido a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, con el argumento de que dicha comisión buscaría “facilitar la recopilación fidedigna de información de los montos invertidos por las concesionarias y que no se afecte la economía de las y los usuarios o, en su caso, que los ingresos se afecten por títulos de concesión que pueda administrar el Estado” . Sin embargo, de dicha nada se ha dicho después.
Fotos: Internet, redes sociales y especial Acta Semanal.
