Martha Romero
En una entidad feminicida como el Estado de México, al igual que en el resto del país, la tragedia del asesinato de una mujer solo por ser mujer no termina con el dolor del hecho en sí mismo, el duelo subsecuente y la transformación total y para mal de la cotidianidad de quienes perdieron a esa mujer querida. En gran cantidad de estos casos las secuelas pueden extenderse por años, porque así como esa vida no se recupera, la justicia tampoco llega.
Una vez cometido el delito y encontrada a la víctima, si es que se le encuentra, las madres, hijas, hermanas y otros familiares deben enfrentar un nuevo agravio casi tan indignante como el primero: la indolencia de las autoridades, la cual encierra toda clase infamias.
Una de esas luchas la ha librado Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, un rostro infortunadamente familiar entre quienes de una manera u otra están involucradas e involucrados en batallas que parecen interminables: la erradicación de las violencias machistas y la materialización de la justicia para las víctimas directas e indirectas.
Trece años ha buscado Irinea Buendía justicia para su hija y pugnado por que las fiscalías mexicanas investiguen los feminicidios con perspectiva de género, por castigos a los funcionarios que cometan omisiones y falencias durante el proceso y por la reparación del daño causado.
Así fue como el 8 de octubre de 2023 Irinea Buendía entregó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México una propuesta que lleva el nombre de su hija y que busca elevar a rango de ley los parámetros establecidos en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 25 de marzo de 2015 respecto del feminicidio de Mariana.
La iniciativa es hoy estudiada por la comisión legislativa para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso mexiquense y propone reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del Estado de México, pues la referida sentencia de la Suprema Corte propició, por primera vez en la historia de la justicia mexicana, que un caso jurídicamente archivado y resuelto como “suicidio” se reabriera para que fuera analizado con perspectiva de género, lo que permitió acreditar que en realidad había sido un feminicidio, y así se abrió la posibilidad del acceso a la verdad, la justicia y las reparaciones para la víctima y sus familiares.
Emergencia nacional
La sentencia de la Corte tiene tres efectos aplicables no solo al caso de Mariana Lima Buendía, sino a todas las muertes violentas de mujeres y niñas ocurridas en el país, incluidos los suicidios y accidentes, por lo que el primero es que se deben investigar con perspectiva de género y debida diligencia para acreditar si se trata de un feminicidio, y esto debe ser así en las 32 fiscalías de los 32 estados de la república mexicana.
El segundo efecto es la sanción a servidores públicos corruptos que incurren en omisiones, falencias o negligencias y obstruyen la investigación y la aplicación de la justicia; el tercero es la reparación del daño infligido por las autoridades e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas y específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación en perspectiva de género y administración de justicia.
El documento resalta que la violencia contra las mujeres es una emergencia nacional, porque datos estadísticos oficiales arrojan que en 13 años se han acumulado 165 mil 798 muertes violentas de mujeres en México y solo el 20% de estos asesinatos son investigados como feminicidios y el resto como homicidios dolosos, además de que hace 10 años se decía que eran “crímenes pasionales” y hoy se responsabiliza a la delincuencia organizada para no investigarlos como feminicidios.
Una de las innovaciones de esta propuesta es crear en el Código Penal del Estado de México un nuevo supuesto de delito cometido por los servidores públicos contra la administración de justicia, que es el delito de “negación de la justicia por razones de género”. A los responsables se les impondrán de dos a seis años de prisión y de 30 a 150 días-multa, además de que serán destituidos e inhabilitados por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.
Por otro lado, con reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México es como se busca agregar como competencia del Poder Judicial local el investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas.
Establecen también que la jueza, el juez, la magistrada o magistrado que incumpla su deber de juzgar con perspectiva de género y aplicar los protocolos para tales efectos, es decir, a quien cometa este delito, se le impondrán de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días-multa y la destitución e inhabilitación que corresponda.
No fue suicidio, fue feminicidio
Mariana Lima Buendía fue víctima de feminicidio a manos de su esposo Julio César Hernández Ballinas, quien se desempeñaba como policía judicial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el municipio de Chimalhuacán, el 28 de junio de 2010. Solo tenía 29 años.
Ese día, Hernández Ballinas le avisó a Irinea que su hija Mariana se había suicidado; sin embargo, un día antes, ella le había advertido a su madre de la violencia que ejercía esposo, por lo que terminaría la relación y regresaría a casa de sus padres. Esa confesión hizo que Irinea Buendía supiera desde un principio que quien había terminado con la vida de Mariana era su propio marido.
Después de un largo camino, casi 12 años después de su muerte, en 2022, estudios criminológicos establecieron que Mariana no se suicidó, sino que fue asesinada (asfixia mecánica por estrangulamiento), como lo había denunciado su madre desde un principio.
Y fue el 13 de marzo de 2023 cuando el Poder Judicial del Estado de México, a través del juez Sergio Beristáin, notificó la sentencia condenatoria, en primera instancia, de 70 años de prisión para el feminicida. A pesar de una apelación y los alegatos de la defensa, la pena máxima quedó finalmente ratificada en segunda instancia, el 25 de septiembre pasado.
Justicia a medias
Irinea Buendía Cortés, quien desde hace 13 años y 11 meses, cuando su hija fue asesinada, busca justicia, la cual solo ha obtenido a medias, ha señalado que “desgraciadamente el Estado de México tiene el primer lugar no en salud o educación, sino ha ocupado el primer lugar por varios años en feminicidios y desapariciones”.
Así lo dijo el pasado 19 de marzo frente a las y los diputados integrantes de las comisiones legislativas de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparicion de la Legislatura local, a quienes les explicó que su propuesta incluye una serie de peticiones que, desgraciadamente, en muchos casos de madres de víctimas no se han cumplido, “solamente nos dan una justicia a medias, porque no hay garantías de no repetición, no hay reparación del daño, no nos han dado la oportunidad de poner un memorial para mi hija, no nos han dado tampoco las disculpas públicas y pues para mí es una justicia a medias”, resaltó.
En esa reunión de las comisiones donde se encuentra en revisión la iniciativa de la Ley Mariana Lima, relató que su hija era una mujer joven de 29 años, que estudiaba Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que fue al hacer su servicio social en Chimalhuacán donde conoció al sujeto asesino feminicida con el que se casó y que más tarde fue su verdugo.
Refirió que el hecho de que las autoridades de Chimalhuacán hayan protegido al policía judicial señalando que la muerte de Mariana había sido por suicidio la obligó a recorrer este camino en busca de justicia, hasta llegar a la Suprema Corte, la cual le brindó la sentencia Mariana Lima Buendía, nombre que se le impuso a petición de Irinea y de su fallecido esposo.
Una vez que se le dictó sentencia el feminicida en marzo de 2023, Irinea comenzó en noviembre siguiente su caravana para dar a conocer la sentencia de la Corte a las 32 fiscalías o procuradurías de los 32 estados de la república, de los que solo le falta visitar Tamaulipas, Nuevo León, Campeche, Yucatán y la Ciudad de México.
Sin embargo, dijo, en muchas fiscalías no la han querido recibir, por lo que ha tomado las calles para hablar sobre la sentencia Mariana Lima Buendía, donde las únicas personas que la han escuchado son las madres de otras víctimas de feminicidio y los medios de comunicación.
Las cifras del horror
Al abundar en su iniciativa, Irinea Buendía, quien como muchas otras madres un mal día tuvo que convertirse en activista, expuso ante los legisladores que del 2010 al 2023 se han registrado 165 mil 798 muertes violentas de mujeres (108 mil 584 muertes por accidentes, 16 mil 209 suicidios y 40 mil 915 homicidios); además, en 12 años el suicidio de mujeres en México se incrementó 60.2% mientras que solo en el 20% de casos de feminicidio las carpetas de investigación llegaron a una sentencia, que no se sabe si es condenatoria o si está firme.
Con datos que colocan al Estado de México en el primer lugar en feminicidios, pidió al Congreso mexiquense aprobar la Ley Mariana Lima Buendía, “para detener la mano feminicida que se sigue levantando para cortar vidas, vidas que son muy valiosas, porque les quitan el proyecto de vida a las hijas de muchas mujeres”.
Añadió que en la época en que le fue arrebatada la vida a su hija, se registraban tres o cuatro muertes violentas de mujeres, y ahora son más de 13 las mujeres muertas con violencia cada 24 horas, además de las mujeres que viven en comunidades donde se invisibilizan los feminicidios, pues en muchas ocasiones, por sus usos y costumbres, no hay forma ni economía para que esas mujeres puedan denunciar en una fiscalía, y lo único que les dicen es “toma a tu muerta, entiérrala”.
En su búsqueda de justicia, Irinea ha sido objeto de agresiones y amenazas que la han obligado a desplazarse de manera forzada de su hogar. El nivel de riesgo de ella y su familia ha ameritado que se le otorguen medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Dos alertas, escasos resultados
El Estado de México fue la primera entidad en la que se decretó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por el delito de feminicidio. Eso ocurrió el 31 de julio de 2015 y se consideró a 11 municipios: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. En ese entonces, ocho eran gobernados por el PRI, dos por el PRD y uno por el PAN.
El 20 de septiembre de 2019 se decretó una segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esta, por el delito de desaparición, y opera en siete municipios: Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli. Cinco eran gobernados por Morena y dos por el PRI.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y febrero de este 2024 se habían registrado en el país 57 feminicidios. El Estado de México encabeza las cifras, con 17 casos, seguido de la Ciudad de México, con 13, además de Nuevo León, Sonora y Veracruz, con ocho cada uno.
En este escenario, las familias de miles de mujeres muertas a causa de la violencia machista esperan la verdad y la justicia a las que tienen derecho.
Fotos: Especial Acta Semanal.
