Gabriela Landetta
En el Estado de México la educación superior ha sido una prioridad, al menos de ello han alardeado varias administraciones, que han canalizado recursos para la construcción, equipamiento y contratación del personal necesario para su operatividad.
Al cierre de su administración, el gobernador Eruviel Ávila Villegas presumía en su sexto informe de gobierno que durante su mandato se habían creado 29 nuevos servicios universitarios, con una inversión superior a los 933 millones de pesos, en beneficio de 7 mil 634 alumnos.
En tanto, Alfredo del Mazo Maza despidió su sexenio con la realización de 368 obras de alto impacto de todos los niveles educativos, a las cuales se destinaron recursos por mil 458 millones de pesos en los seis años de su gestión.
Actualmente, la entidad cuenta con 15 Tecnológicos de Estudios Superiores; nueve Universidades Politécnicas; seis Universidades Tecnológicas; dos Universidades Estatales; la Universidad Intercultural del Estado de México; la Universidad Mexiquense del Bicentenario, que integra a 32 Unidades de Estudios Superiores, y la Universidad Digital del Estado de México, con 47 unidades académicas y seis extensiones académicas.
De ese universo, alrededor de 700 trabajadores de siete instituciones, entre universidades politécnicas, tecnológicos descentralizados así como la Universidad Mexiquense del Bicentenario, se han afiliado al Sindicato Nacional de Educación Superior, SNES, al darse cuenta de que su trabajo está muy lejos de ser retribuido justamente y que sus condiciones laborales están muy por debajo de lo que les corresponde.
“La situación de los trabajadores de las universidades tecnológicas y politécnicas es grave, ya que se han afectado varios de sus derechos laborales. Uno de ellos tiene que ver con su estabilidad laboral”, declaró a Acta Semanal Gerardo Bolaños Jiménez, secretario general del SNES, quien explicó que legalmente se establece que a los seis meses, máximo un año, o en algunos casos después de cuatro trimestres, se debe otorgar una contratación de carácter base o estabilidad en empleo.
Sin embargo, señaló que los trabajadores de estos subsistemas, a pesar de tener hasta décadas de laborar en algunos casos, “siguen funcionando a través de contratos cuatrimestrales o trimestrales, que no garantizan ninguna estabilidad y están sometidos al chantaje de las autoridades. Esto es un derecho que no se les respeta”.
Además, de esta situación se derivan otras irregularidades, ya que al no tener estabilidad en sus empleos con contratos de base, tampoco se les otorga seguridad social, la cual no solamente tiene que ver con el acceso a servicios de salud, sino también a la vivienda y a los años de cotización para el esquema jubilatorio, a pesar de que la federación inclusive ha enviado los recursos para el pago de la seguridad social, denunció el líder sindical.
Aseguró que esto representa un desfalco estimado en aproximadamente 3 mil 700 millones de pesos a nivel nacional, pero se estudia la situación estado por estado, para presentar la información correspondiente ante la Auditoría Superior de la Federación para que se realicen las investigaciones respectivas.
Corrupción y prepotencia
Bolaños Jiménez visitó recientemente a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, quienes están afiliados al SNES, a fin de asesorarlos en su lucha por conseguir mejores condiciones laborales.
Esto, luego de vivir una época de terror bajo la administración de Silvia Cristina Manzur Quiroga, quien en 2022 fue denunciada públicamente por corrupción y por incurrir en diversas anomalías por los alumnos del plantel, quienes realizaron un paro para exigir su destitución.
La prepotencia con la que actuó la hermana de quien fuera secretario general de Gobierno durante la administración de Eruviel Ávila Villegas, José Manzur, no tuvo límites, y entre los diversos abusos en los que incurrió obstaculizó la actividad sindical, además de haber despedido personal académico con experiencia y reconocimientos para poner en su lugar a sus allegados.
La situación ha cambiado, y ahora el representante sindical de esta universidad, Ángel Velázquez González, y su equipo pueden realizar libremente su actividad y cuentan con un espacio propio dentro de las instalaciones del plantel para atender los asuntos gremiales.
En ese nuevo contexto, el líder nacional del SNES les habló de sus derechos laborales y de lo que deben exigir a las autoridades educativas, y es que, dijo, el sindicato que encabeza pugna por que se respeten los derechos de sus afiliados, que se les reconozcan sus años de antigüedad y se les otorguen las prestaciones sociales que les corresponden.
“Vamos con todo”
Otro aspecto que denunció Bolaños Jiménez es la discriminación laboral contra los trabajadores de los subsistemas de educación superior tecnológica descentralizada: “Resulta que se nos paga de un 35 a un 60 por ciento menos que en los subsistemas homólogos. Es decir, en un tecnológico federal una secretaria está ganando 60 por ciento más de salario y prestaciones que una secretaria de estas instituciones, y en docencia [la diferencia] está en 35 y 40 por ciento, dependiendo la categoría”.
Consideró que esta situación “fue una patraña neoliberal para abaratar los servicios educativos y tratar de ver al trabajador académico como un prestador de servicios profesionales y también generar hechos de corrupción en todo el país, porque estos recursos que se dan para el sector educativo quedan en las manos de funcionarios que están al frente de las instituciones o de las autoridades educativas”
Al respecto, manifestó que “los directivos corruptos del gobierno pasado que saquearon las instituciones, que manipularon los presupuestos, están amedrentando y amenazando a los compañeros de que si se afilian al sindicato pueden perder su empleo, y ese es un delito y es un delito penal, entonces, vamos con todo”.
Y al mismo tiempo que trabajan para presentar las denuncias respectivas con base en la información y testimonios de las víctimas de ese tipo de abusos, también se asesora a sus afiliados para que elaboren sus contratos colectivos de trabajo en los cuales deben plasmar con precisión sus exigencias y dejar claro que no son trabajadores de segunda y merecen el mismo trato laboral que se tiene en otras instituciones de educación superior.
El objetivo es que todas las instituciones de educación superior tecnológica afiliadas al SNES tengan listos sus contratos colectivos de trabajo homologados a nivel nacional, para que en el transcurso de abril puedan emplazar a huelga, como mero trámite. Se trata, en principio, de un emplazamiento por firma y reconocimiento del primer contrato colectivo, a fin de poder negociar sus demandas con las autoridades tanto federales como estatales.
Sin embargo, en caso de no llegar a acuerdos sobre sus derechos laborales, el líder del Sindicato Nacional de Educación Superior. SNES no descartó que entonces sí vayan a una huelga nacional: “Es el derecho constitucional que tienen los trabajadores de paralizar el sector; la fecha que tenemos para llegar a esos acuerdos de negociación y revisión estamos consensando que sea para el primero de mayo. Si para esa fecha no se llega a un acuerdo con la firma del contrato, estaremos en condiciones del estallamiento a huelga nacional”.
Momento de cambio
Mientras eso sucede, Irving Zavaleta Arellano, líder sindical del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, dio a conocer que trabajan en la conformación de la sección sindical del SNES en este plantel educativo, tras varios años de ser solo una asociación de trabajadores.
Dijo que dicha asociación se formó desde 1998 y desde entonces no se ha realizado ninguna actualización en las condiciones laborales: “Tenemos las mismas prestaciones desde entonces, y es momento de realizar un cambio, de hacer las cosas diferentes, para el bien de todos los trabajadores”.
En ese contexto, se refirió a la problemática que enfrentan y que es similar a lo que ocurre en otros tecnológicos descentralizados, al no contar, en primera instancia con una homologación salarial. “Tampoco contamos con un contrato colectivo de trabajo; adicional a esto han existido despidos injustificados a lo largo de varios años”.
Al respecto, mencionó que al menos en los últimos seis años ha sido testigo de varios casos. Tan solo en 2023 cuatro de sus compañeros fueron cesados de sus funciones sin motivo, “y esto ha repercutido en miedo entre los compañeros, y ya no queremos ese miedo, queremos tener seguridad jurídica”.
Así, el secretario general del SNES, Gerardo Bolaños, espera tener próximamente un acercamiento con la gobernadora del estado de México y con autoridades del sector educativo mexiquense para plantear la problemática que enfrentan tecnológicos descentralizados, universidades tecnológicas y politécnicas, para buscar soluciones conjuntas.
Fotos: Gabriela Landetta y web.
