Gabriela Landetta
Por corrupción, diez hospitales que se sumarían a la red de infraestructura hospitalaria del Estado de México han permanecido durante más de una década en el olvido, a pesar de que los proyectos fueron anunciados en su momento como un triunfo por los gobiernos estatales de Enrique Peña Nieto y de su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, mientras que la administración de Alfredo del Mazo mostró su incapacidad para atender el asunto.
Sin embargo, ahora la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, ya anunciaron que trabajarán de la mano para terminar la construcción de esos diez nosocomios y brindar el servicio de salud que requieren los habitantes de los municipios de Zumpango, Zinacantepec, Ecatepec, Tlalnepantla, Atlacomulco, Chicoloapan, Tepotzotlán, Acolman, Cuautitlán Izcalli y Aculco, donde están ubicados.
A la lista se agrega el nuevo hospital de Atenco, proyecto de la actual administración estatal; además, se trabajará en la rehabilitación de 76 hospitales y 968 centros de salud en la entidad.
En octubre pasado, Robledo Aburto reportó, en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Estado de México es la entidad con mayor número de hospitales sin concluir.
Precisamente ese fue uno de los temas tratados durante la reunión de trabajo que sostuvieron el pasado 12 de enero Gómez Álvarez y Robledo Aburto, con sus respectivos equipos de trabajo y otras autoridades del sector salud, en el marco de la estrategia del gobierno de México para federalizar los servicios de salud en la entidad y concluir la implementación del Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar (MAS-Bienestar).
“En este proceso se transferirán mil 280 unidades médicas, de las cuales mil 203 son centros de salud y 77 hospitales de segundo y tercer nivel, lo que significa 4 mil 226 consultorios y 4 mil 297 camas hospitalarias, en beneficio de 9 millones 161 mil 742 mexiquenses sin seguridad social”, se informó a través de un comunicado.
En el encuentro, efectuado en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac, ambos funcionarios dejaron claro que se terminarán las obras inconclusas del Hospital Municipal de Zinacantepec; el Hospital General de Valle de Ceylán, Tlalnepantla; el Hospital Municipal de San Juan Zitlaltepec, Zumpango; el Hospital General de Atenco, y el Hospital Oncológico de Ecatepec. Sin embargo, en esta ocasión no se hizo referencia acerca de los hospitales municipales de Atlacomulco, Chicoloapan, Tepotzotlán, Acolman, Cuautitlán Izcalli, Aculco y Atlacomulco, cuya construcción fue abandonada por los gobiernos anteriores.
La gobernadora Delfina Gómez afirmó que entre sus prioridades está la de “brindar servicios de salud dignos y de calidad para los mexiquenses, así como terminar la construcción y equipamiento de los hospitales abandonados, y se redoblarán esfuerzos para brindar al pueblo mexiquense un sistema de salud acorde con sus necesidades y demandas, contando con hospitales equipados, medicamentos y personal médico capacitado y suficiente”, señaló el comunicado oficial del evento.
Secretarios millonarios
Para el secretario general de la sección 35, con sede en Toluca, del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, STSNS, Antonio Monroy Gutiérrez, el asunto de los 10 hospitales inconclusos y abandonados por dos administraciones estatales tiene que ver con las medidas de prevención que tomó el gobierno federal para evitar que los recursos que se enviaban para ese propósito se desviaran por actos de corrupción.
“¡Cuántos secretarios se fueron millonarios, como César Gómez Monge [funcionario de la administración de Eruviel Ávila]! Sí, fue una cuestión justificada del gobierno federal porque se hacía mal uso del recurso aquí en el estado de México”, expresó el dirigente sindical con más de 40 años de trabajar en el sector salud mexiquense.
Los recursos a los que hace alusión Monroy Gutiérrez, provenientes de la Federación, fueron canalizados a través del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, que dependía del ya extinto Seguro Popular. Administrado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la secretaría federal del ramo, con este programa se realizan “transferencias de recursos a los servicios estatales de salud para el fortalecimiento y construcción de unidades médicas, con lo que contribuye a la calidad en la prestación de servicios de salud”.
En 2013, cuando se puso en marcha el programa referido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo encontró, como parte de sus debilidades, que no contaba “con criterios de entrega de recursos con base a detección de necesidades, o de seguimiento del uso de recursos con definiciones de población potencial, objetivo y atendida, mientras que los indicadores de Fin y Propósito no reflejaban el cambio de los sujetos que se benefician de la recepción de los componentes del programa”.
Ese año, el programa manejó recursos por 3 mil 181 millones de pesos (mdp), de los cuales al Estado de México le correspondieron en total 274 millones 840 mil. De esa cantidad, 178 millones 774 mil pesos estaban etiquetados en el rubro 6000 del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, y otros 96 millones pertenecían al rubro 5000 del mismo programa, para ser destinados a “bienes muebles, inmuebles e intangibles”.
En el primer caso, el gobierno mexiquense solo había ejercido 65 millones 708 mil pesos, de acuerdo con las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría que aplicó al programa federal citado, relativa al ejercicio fiscal de 2013. Presuntamente, esos recursos tenían que canalizarse para las obras de construcción de esos diez hospitales, cuyos montos de inversión variaban entre 42.4 mdp y más de 400 mdp, aproximadamente, que en su mayoría fueron autorizados por el Congreso del Estado de México.
De acuerdo con una investigación de Animal Político sobre este tema, en total se destinó alrededor de mil millones de pesos para la realización de dichas obras. No obstante, ninguna fue terminada en tiempo y forma. El caso más grave es el del Hospital Municipal de Aculco, cuya construcción inició en 2014 y a la fecha lleva un avance de apenas 19 por ciento.
Al respecto, el secretario general de la sección 35 del STSNS, en el Estado de México dice que “cuando llegó Alfredo del Mazo [los hospitales] ya estaban inconclusos y se prometió conseguir el presupuesto; el secretario de Salud, Gabriel O’Shea, dijo que se iban a conseguir los presupuestos para que se continuara la construcción, y pasó todo el sexenio y no se concluyeron, ahí siguen”.
¿Pero de quién es la culpa?, se pregunta. “El presupuesto para la construcción de esos hospitales es federal y la Federación retuvo el presupuesto y por eso el estado ya no los siguió construyendo”. ¿Y por qué la Federación lo retuvo?, sigue cuestionando, responde: “Retuvo el presupuesto asignado para la construcción de esos hospitales bajo el argumento de que había mucha corrupción aquí en el estado y que el recurso se desviaba para otras cosas y no para lo que estaba designado”.
“Problemas” con la transparencia
A pesar del argumento de Antonio Monroy, debe tomarse en cuenta que la mayor parte de los recursos para realizar esas obras fueron autorizados por el Congreso mexiquense, ya que de los 997 mdp invertidos en sus inicios, menos de 200 millones fueron aportaciones federales. El año pasado, antes de irse como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la entonces diputada local Karina Labastida Sotelo, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró que se requerían al menos 981 millones de pesos para terminar la construcción de esos diez hospitales.
En el caso de los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó que, desde el origen, se presentaban problemas con la transparencia en su manejo, si bien se comprobó que fueron suscritos los convenios respectivos entre la Secretaría de Salud y las entidades federativas por conducto de las secretarías de Finanzas o sus equivalentes y los secretarios de Salud, en los cuales se establecieron los recursos presupuestales a transferir, con el propósito de realizar las acciones y proyectos acordados en sus respectivos anexos”.
No obstante, tales instrumentos jurídicos, continúa el Coneval, no se suscribieron bajo un fundamento específico que permitiera una mejor transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos; no establecieron el principio de anualidad, dado que no prevén que los recursos no devengados al 31 de diciembre deban ser reintegrados a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal, y carecen de temporalidad porque no se determina un plazo máximo para que se apliquen, comprueben o reintegren los recursos del Programa.
Esas observaciones fueron retomadas por la Auditoría Superior de la Federación, que al realizar la auditoría de ese programa, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, recomendó a la Secretaría de Salud que implementara las “acciones necesarias para que, en lo subsecuente, en los Convenios Específicos de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos Presupuestarios Federales del ejercicio que corresponda, se incluya una cláusula que determine con precisión la fecha límite de aplicación de los recursos, a fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidas en los mismos”.
En el ámbito estatal, la LXI Legislatura del Estado de México también busca la manera de vigilar de manera más estrecha las acciones que se lleven a cabo en materia de infraestructura hospitalaria. En la sesión plenaria del pasado 17 octubre, la bancada del Partido Verde Ecologista de México, a través de la diputada Claudia Desiree Morales Robledo, propuso la creación de la Comisión Legislativa de Seguimiento para la Construcción, Infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Unidades Médicas Públicas del Congreso local.
En la exposición de motivos argumentó que el propósito es “dar seguimiento a la planeación, construcción, ampliación, remodelación, rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria”. También daría seguimiento a las condiciones en las que operan, los recursos materiales y las diferentes áreas de hospitales y unidades médicas en los 125 municipios mexiquenses; los calendarios de trabajo, los programas y presupuesto asignado, las licitaciones otorgadas, además de todos los asuntos que les asigne la Legislatura”.
En el caso concreto de los diez hospitales abandonados, la legisladora denunció en tribuna que a pesar de que no se terminaron las obras, las empresas constructoras cobraron honorarios hasta el 2022. Esto, a pesar de que los proyectos fueron suspendidos o cancelados por falta de recursos, retraso en las autorizaciones, ajuste presupuestal, amparos vecinales y abandono de las obras por parte de las empresas.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Poder Legislativo para dar pie a la creación de la comisión propuesta fue remitida a dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su respectivo análisis. Ahí continúa.
Fotos: Web, @legismex y especial Acta Semanal.
