Ximena Barragán
Entre otros padecimientos, Valeria nació con una discapacidad auditiva, por lo que adquirió la lengua de señas como lengua materna. Está inscrita en el Instituto Pedagógico para problemas de Lenguaje, pues la educación pública en México no contempla un modelo bicultural blingüe que le permita un pleno desarrollo educativo (los pocos interpretes que existen no están capacitados como docentes).
Dadas los gastos que su colegiatura y la atención de sus necesidad implican, el padre de Valeria solicitó una beca y apoyo para comprar útiles y uniformes al gobierno de la CDMX como parte de los programas locales de asistencia.
Sin embargo, la Secretaría de Inclusión de la capital mexicana respondió que no podía considerarla dentro de los programas , pues ella está inscrita en una institución privada.
Ante esta negativa, y tras referido a la institución por la Comisión de Derechos Humanos, un asesor jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, interpuso un medio de defensa al señalar que las leyes capitalinas violentan los artículos 1, 3 y 4 constitucionales al efectuar una discriminación múltiple: discapacidad, género y edad.
Cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX resolvió que Valeria tenía derecho a ser incluida en los programas o a que se cree uno especial para su situación particular, se le negó la suspensión provisional porque ya había concluido el ciclo escolar, el abogado del IFDP interpuso un recurso de revisión ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
Esta instancia resolvió que es un deber ineludible del Estado incluir a Valeria de manera inmediata a un programa de apoyo acorde a su situación para proteger sus derechos de educación, salud, no discriminación e interés superior de la niñez. Valeria debe contar con apoyo económico para sufragar sus gastos en materia educativa para incluirla en la sociedad, y respetar su proyecto de vida, así como con apoyo médico y psicológico para privilegiar y proteger su derecho a la salud.
Mientras se espera el acato de las autoridades correspondientes, en mayo de 2021, a raíz de este caso fue emitidas 5 tesis que crean un precedente que protege los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad ante la discriminación múltiple.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica de manera gratuita con un línea de defensa gratuita activa las 24 horas: Defensatel 800 22 42 426
(Foto: IFDFP)
