Ramón Cuevas Martínez
Los prejuicios son una gran discapacidad social
Seremos una sociedad incluyente cuando seamos capaces de incorporar al 10% de las personas con discapacidad al mundo laboral.
En México hay 6 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 5% de la población total del país, de ellas el 53% son mujeres y 47% son hombres. Por otro lado, existen 13 millones de mexicanos que tienen alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), y setecientas mil personas con algún “problema o condición mental”.
Las instituciones de atención a la discapacidad están rebasadas, prueba de ello es que todas las personas con discapacidad (PCD) que acuden a las instituciones públicas reciben un trato denigrante.
La violencia institucional es ejercida por igual en instituciones públicas y privadas, se realiza a través de normas, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en detrimento de una persona o grupos de personas. La violencia institucional se caracteriza por el uso del poder para causar daño.
Las y los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre otras causas cuando: obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado; incumplen el principio de igualdad ante la ley; no proporcionan un trato digno a las personas, y omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social.
Según un Informe de la CNDH, estas son las brechas que viven las PCD:
- Falta de armonización del marco jurídico nacional con los instrumentos internacionales de género, violencia y discapacidad.
- La falta de asignación de presupuesto etiquetado específicamente para la prevención, promoción, atención, erradicación y sanción de todos los tipos de violencia que enfrentan.
- La falta de programas, políticas públicas, acciones y estrategias en distintos rubros, tales como educación, salud, atención ministerial, entre otras a favor de la mujer que contemplen la interseccionalidad y transversalidad de la discapacidad.
- La falta de programas de capacitación y concientización de la sociedad en general y de las personas servidoras públicas en particular, en materia de discapacidad y género.
- La falta de estrategias de difusión sobre sus derechos humanos y violencia, así como de las instituciones encargadas de protegerlas.
*Consultor en Gobernova
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