03/May/2024
Portal, Diario del Estado de México

La Onda Plana

Fecha de publicación:

Eric Rosas

Devuelvan los fideicomisos

La semana anterior, concretamente el pasado miércoles 13 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó como inconstitucional la eliminación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), que fue desaparecido por el primer mandatario en 2020, tras la modificación que se hiciera a la Ley de Cinematografía; misma que, ante la resolución de los ministros, vio derogados sus artículos 33 y 38. El FIDECINE había servido como una fuente de recursos para financiar obras cinematográficas no comerciales; es decir, del denominado cine de arte; una actividad fundamental en el desarrollo cultural de cualquier sociedad. Conforme a un comunicado emitido por la SCJN, esta confirmación de la inconstitucionalidad de los mencionados artículos de la Ley de Cinematografía, se fundamenta en el hecho de que “implicaba un perjuicio a los derechos a la participación cultural, a la libertad de expresión y suponía una violación al principio de no regresividad de los derechos humanos”.

Aunque en su momento el titular del Poder Ejecutivo Federal recibió con beneplácito la aprobación de la Ley de Cinematografía y el subsecuente finiquito del FIDECINE porque, según dijo, este instrumento se utilizaba de manera inadecuada y favorecía exclusivamente a algunos cuantos artistas, la realidad es que jamás ofreció evidencia que respaldaran sus dichos. En su momento, el presidente de la República también aseguró que la industria del cine, y en general la cultura, recibirían un impulso y apoyos sin precedentes; además de que, en adelante, dichos recursos serían entregados de manera directa, sin intermediarios, como, de acuerdo con su apreciación, se hacía cuando estas asignaciones eran realizadas a mediante la estructura administrativa del FIDECINE.

La extinción del FIDECINE no fue la única ejecutada durante el presente sexenio. Muchos otros ámbitos también sufrieron de tales recortes en sus fideicomisos; que durante años y hasta décadas, fueron alimentados no únicamente por dinero del erario, sino también por recursos depositados por los propios fideicomisarios. Entre otros, durante ese año de 2020, también fueron extintos los 91 fideicomisos para ciencia y tecnología, que eran administrados por las entidades federativas, algunos municipios y los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACyT.

En el caso de éstos últimos no se requirió de la modificación de ninguna ley, sino que bastaron las acusaciones del primer mandatario; asegurando que los fondos eran fuentes de corrupción y representaban una oportunidad para hacer mal uso de los recursos públicos que el Estado Mexicano destinaba para la realización de investigación científica y desarrollo tecnológico. Incluso llegó a afirmar que con ellos se había financiado a grandes compañías transnacionales que, debido al tamaño de sus operaciones y al volumen de sus ganancias, no necesitaban recibir apoyo de parte del gobierno. Por supuesto, ninguna de las aseveraciones fue jamás respaldada por pruebas y esto a pesar de que el 8 de octubre de ese año él mismo se comprometió a presentar dicha evidencia en tan sólo diez días; es decir, el 18 de octubre del 2022; algo que, por supuesto, no ocurrió, ni ha sucedido hasta la fecha.

A poco menos de siete meses de que termine la actual administración federal, es impensable que el primer mandatario ofrezca las pruebas prometidas; por supuesto, porque dichos malos manejos jamás existieron, ya que los fideicomisos de ciencia y tecnología eran permanentemente supervisados por órganos mixtos de vigilancia. Pero lo que ahora importa verdaderamente es que quienes aspiran a ocupar la presidencia de México a partir de octubre próximo, se comprometan a restaurar estos instrumentos vitales para la realización de investigación científica y desarrollo tecnológico, y reintegren también los aproximadamente 784 millones de pesos mexicanos que provenían, en su mayor proporción, de los ahorros realizados por los CPIs y de los ingresos propios obtenidos por su personal técnico-científico.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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