Osvaldo García
“No es para nada novedoso decir que México es letal para el ejercicio del periodismo”, aseguró Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México (AIM) para abrir el informe ‘Nadie garantiza mi seguridad: la urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de protección de periodistas en México’, presentado la mañana de este miércoles en las instalaciones de AIM en la CDMX, trabajo en conjunto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
En este informe, Olivares expone que entre 2012 y 2023 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 86 asesinatos de periodistas, que en criterio de la misma, 30 de ellos guardaban relación con el ejercicio de su profesión. Mientras que la Secretaría de Gobernación (Segob) registró, en el mismo periodo, 166 asesinatos de periodistas, sin aclarar cuántos estaban relacionados con el ejercicio periodístico.
Además, Olivares afirmó que México es el país con más periodistas desaparecidos en el mundo, que según las investigaciones de CPJ, suman 15, sin que en ningún caso haya una sentencia contra los culpables.
Por su parte, Neidy San Martín, jefa de información del portal Animal Político, dijo que este informe “brinda un panorama crudo pero necesario de conocer”, en el contexto de que “en la actual administración el número de solicitudes rechazadas ha aumentado considerablemente y 8 comunicadores han perdido la vida mientras estaban bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Creado en 2011 por decreto de Felipe Calderón, ante la presión de la Organización de las Naciones Unidas por la alarmante alza de violencia que generó su política de militarización de la seguridad pública, la llamada “guerra contra el narco”, el mecanismo hoy en día se define como “la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”.
Al respecto, el representante de CPJ, Jan-Albert Hoodsen, explicó que la Junta de Gobierno del Mecanismo, que es quien analiza los casos y determina los planes de protección, “ha perdido el interés de votar por personas que lo necesitan”, además de que “no hay perspectiva de genero, calidad humana ni comprensión” hacia quien acude por ayuda.
Agregó que no conocen las “dinámicas regionales” para atender los casos, y que muestran “falta de interés y conocimiento” al aplicar el mecanismo. Padecimientos que se han repetido a través de los años, al grado de que, a pesar de asignarles protección, varias personas han sido asesinadas porque nunca llegaron las medidas que debían protegerlas.
“Hay una omisión, hay una responsabilidad, incluso penal hacia los integrantes del mecanismo, porque la omisión es un delito, y por ser servidores públicos federales, es un delito federal, del cual, tienen que ser castigados”, así lo expuso Alberto Amaro Jordán, director de La Crónica de Tlaxcala, quien narró su experiencia al ser agredido por informar y criticar a mandos y funcionarios del gobierno y la policía estatal. Desde ataques en su domicilio, allanamiento, acoso a él y a su familia, amenazas y demás actos que ameritarían la protección del periodista y a su familia, el mecanismo le retiró protección, por lo que tuvo que ampararse y emprender una batalla legal por las deficiencias que hay en el mecanismo.
A pesar de ello, la idea, concluyeron, no es desaparecer al mecanismo, sino fortalecerlo, hacer que funcione mejor y seguir exigiendo a las autoridades que hagan lo que les corresponde, y para ello es importante contar con el apoyo y respaldo de organizaciones como AIM y CPJ.
(Foto: captura de pantalla)
