Eric Rosas
Sin ingeniería
Como sucede de manera habitual a inicios de cada año, en los días pasados la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado a conocer los hallazgos de sus auditorías practicadas a la cuenta pública del 2022 en las distintas dependencias de la Administración Pública Federal. En el caso del ámbito de la ciencia y la tecnología, en este informe de la ASF ha llamado poderosamente la atención entre la comunidad académica del país el señalamiento de la posible existencia de un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, que alcanzaría la suma de mil diez millones 466 mil pesos mexicanos (mdpm).
Este probable desfalco al erario corresponde, según la ASF, a 952 millones 675 mil pesos mexicanos por gastos no justificados, relacionados con las actividades propias para el desarrollo, diseño e implementación de la plataforma Rizoma con la que el otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), sustituyó al anterior sistema de captura de la currícula de los investigadores que solicitaban su ingreso, permanencia o promoción dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); así como de otros 57 millones 791 mil pesos mexicanos por no haber concluido con el diseño, la programación, las pruebas y la liberación de dicho sistema informático; mismo para cuyo desarrollo contrató a la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S. A. de C. V. (COMIMSA), uno de los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs) que coordina dicha dependencia gubernamental. De acuerdo a lo señalado por la ASF, COMIMSA incluso no habría entregado ni siquiera la versión final del Informe Técnico Complementario de Rizoma. Tal omisión abre la sospecha de las pruebas finales tampoco fueran realizadas y de ello deriven las múltiples fallas que dejaron fuera de la evaluación del SNI a varios científicos.
COMIMSA, que entre los CPIs coordinados por el anterior CONACyT siempre ha destacado por su capacidad para vincularse exitosamente con el sector productivo, muestra en este caso que ni siquiera esta corporación escapa a carencia de los sistemas de ingeniería altamente especializados que se requieren las distintas industrias asentadas en el país. Este es el motivo por el que las grandes compañías difícilmente se acercan a los CPIs a buscar soluciones, ya que, en ese caso, fallas como las evidentes en el sistema Rizoma, pueden ocasionarles la quiebra, o al menos un buen descrédito entre sus clientes.
Si esto es COMIMSA, no resulta difícil imaginar el estado aún más inmaduro en el que se encuentra la ingeniería de muchos otros de los CPIs bajo la coordinación del sucesor del CONACyT, en los que la vocación de su personal de investigación es, sobre todo, científica, pero alejada sustancialmente de las necesidades tecnológicas. En la mayoría de los casos, estas instituciones sólo privilegian la generación de conocimiento básico cuyo valor, importante como es, no puede ser percibido de manera tangible por los contribuyentes porque nunca se acerca a la solución de los problemas reales que enfrenta la población. Tratándose del dinero de los pagadores de impuestos mexicanos, los funcionarios de la administración pública deben ser muy responsables al momento de ejercer estos recursos, y casos como el de la plataforma Rizoma muestran que en este aspecto el sucesor del CONACyT y los CPIs bajo su coordinación tienen todavía un largo trecho por recorrer para retribuir a la ciudadanía en la manera que lo merece.
Esto muestra otra de las muchas oportunidades perdidas tras la aprobación de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic). Habría sido digno de nuestra gran nación el que esta pieza legislativa hubiera separado claramente entre la obligación del Estado Mexicano para realizar ciencia básica y la de aplicar el conocimiento científico para desarrollar las tecnologías que nuestras circunstancias demandan. A México le urge que sus CPIs aumenten seriamente sus capacidades ingenieriles para que puedan impulsar sus productos de investigación a los más altos niveles de maduración tecnológica.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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26 de febrero de 2024
