Martha Romero
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada que determinó que la diputada federal por el distrito 34 de Toluca, María Teresa Castell de Oro Palacios, y Óscar Limeta Meléndez, cometieron violencia política en razón de género por motivo de diversas manifestaciones y publicaciones en redes sociales que negaron la identidad como mujer trans de la también legisladora federal Salma Luévano Luna.
Inconforme con dicha resolución, la diputada denunciada impugnó la resolución, al considerar que, en su concepto, sus manifestaciones se encontraban amparadas dentro de la inviolabilidad parlamentaria y la libertad de expresión, por lo que no configuran violencia política de género.
“Respetaré completamente esta decisión judicial, pues me identifico como una mujer comprometida con las leyes y los valores fundamentales. No obstante, es evidente que el Tribunal ha generado una nueva forma de violencia contra las mujeres”, escribió la legisladora federal en sus redes sociales.
A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, el Tribunal determinó que las manifestaciones denunciadas negaron la identidad de género de las legisladoras trans y atribuyeron características negativas por el hecho de serlo, lo que conforme a la doctrina desarrollada por este órgano jurisdiccional actualiza la violencia política en razón de género.
Al respecto, el pleno consideró que las expresiones tuvieron el efecto de limitar el ejercicio efectivo de la diputada denunciante, en la medida en que invisibilizaron su condición y reforzaron estereotipos discriminadores, lo que vulneró el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En consecuencia, se confirmó la resolución que con antelación Castell de Oro Palacios habría impugnado SUP-REP-281/2023 y acumulado.
Por su parte, la diputada federal Salma Luévano Luna, por Morena, en sus redes sociales celebró dicha resolución porque, además de ser un golpe a la ultraderecha y a la transfobia, hay progresividad y congruencia de quienes integran la Sala Superior del Máximo Órgano electoral en el país.
“Las mujeres trans somos mujeres y eso no está a discusión. Ninguna libertad de expresión debe atentar contra los derechos de las personas por lo que malgenerizar e invalidar la identidad de una mujer trans es violencia y debe ser castigada, no hay más”, escribió al tiempo se manifestar que este es un logro para las mujeres trans que están, por las que ya no están y por las que vendrán.
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