Martha Romero
De acuerdo con el último Informe Sobre la Situación Vial de la Secretaría de Salud Federal, las muertes de personas adultas por accidentes en motocicleta han aumentado, así como la cifra de decesos de menores por esta causa. En este sentido, las defunciones de menores de entre 0 y 4 años aumentaron 71%; las de niñas y niños de entre 5 y 9 años se dispararon en 550%, y los fallecimientos de menores de entre 10 y 19 años incrementaron 27%.
También se registra un ascenso de 40.6% en muertes de personas adultas jóvenes de 20 a 39 años; un 53.9% en personas adultas de 40 a 59 años de edaad, y un 119% en personas adultas de 60 y más años.
En este contexto, la diputada Beatriz García Villegas, integrante del grupo parlamentario de Morena, resaltó que el transporte de personas menores en motocicleta es un tema que se debe revisar y por ello presentó una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 72 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para incluir el deber de los tutores de transportar a menores de edad en condiciones de seguridad.
Agregó que la iniciativa también propone modificaciones a la fracción XXIII del artículo 85, con la finalidad de que las autoridades estatales que tienen competencia en la materia, en especial aquellas que tienen facultades de diseñar y expedir reglamentos, planes, programas y leyes, para que homologuen estos instrumentos con los objetivos planteados en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
García Villegas refirió que en la entidad es usual ver a personas menores de 18 años transportarse en motocicleta con su familia sin la debida protección e incluso, algunos medios de comunicación locales han señalado que la población no tiene claridad respecto del estado en que se encuentra la legislación relacionada con el transporte de niñas, niños y adolescentes en motocicleta, pero lo cierto es que esta problemática social debe ser tratada con una perspectiva integral y de derechos humanos.
Por último, indicó que todas las instituciones públicas, especialmente el Poder Legislativo, tienen la responsabilidad de promover, en el marco de sus competencias, acciones en atención al principio de interés superior del menor, cuando existan condiciones que pongan en riesgo su integridad.
(Foto: archivo/ Especial Portal)
