Martha Romero
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) propuso reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, con el fin de otorgar certeza jurídica a los servidores públicos que hayan cometido faltas no graves con la opción de apelar mediante un recurso de revocación administrativa o a través de un juicio.
La propuesta de la diputada Gretel González Aguirre busca que en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se establezcan procedimientos de investigación, substanciación y determinación de faltas administrativas de los servidores públicos, así como faltas particulares.
La reforma a la citada ley busca evitar una antinomia jurídica, es decir, una situación en la que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyan consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impida su aplicación simultánea.
La propuesta de reforma del primer párrafo del artículo 196 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad quedaría de la siguiente manera: “Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas administrativas no graves, tendrán la opción de interponer el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió la resolución o promover juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva”.
Señala que la propuesta refleja el compromiso del grupo parlamentario priista para mejorar la eficacia de la legislación vigente, asegurando un proceso más justo y equitativo en el manejo de las responsabilidades administrativas.
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