Se va, se va, se va…
Desde que se supo que la parcialidad oficialista en la Cámara de Senadores había aprobado desaseadamente una veintena de reformas aquella madrugada del sábado 29 de abril del 2023, durante la sesión realizada también fuera de ley en el antiguo Palacio de Xicoténcatl, de inmediato los legisladores de oposición anunciaron que impugnarían dicho paquete legislativo; algo que hicieron en tiempo y forma mediante un par de acciones de inconstitucionalidad que interpusieron separadamente tanto los diputados como los senadores. Puesto que a todas luces el proceso legislativo fue violentado, centralmente la discusión parlamentaria, que es fundamental a toda democracia, siempre ha habido confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminará por declarar como inconstitucional a esta veintena de modificaciones y, por ende, invalidar una a una estas leyes.
Aunque de inicio la SCJN había estimado que daría cauce en el mes de septiembre del año pasado a los recursos de inconstitucionalidad recibidos, hace unos días se ha informado que finalmente podría ser en abril próximo —un año después de la Noche Triste de Xicoténcatl— cuando se presenten y discutan los distintos proyectos que han sido distribuidos entre los ministros para su análisis. Cuando esto suceda —y dándose por descontado que en la SCJN hay tres ministras que muy seguramente intentarán justificar las transgresiones cometidas por los legisladores oficialistas al proceso legislativo— es altamente probable que las reformas reciban los ocho votos que como mínimo se requieren para declararlas violatorias de lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello serían invalidadas; la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) entre ellas.
El segundo escenario más probable es que, aunque no se alcanzasen los ocho votos necesarios, si fuera la mayoría de los ministros quienes se manifestaran en contra de lo realizado por los senadores oficialistas en Xicoténcatl, y en ese caso se abriría la posibilidad para que muchas más personas se amparasen en contra de aquellas leyes que les afecten directamente.
En el caso particular de la también llamada Ley Buylla, cualquiera de los dos escenarios dibujará un panorama muy nebuloso para la comunidad académica de México, ya que, mientras que la actual administración federal se encuentre en funciones, seguramente la titular del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) no hará absolutamente nada para revertir los cambios que ha realizado a los distintos programas que opera esa dependencia, ni resarcir los daños que le ha causado con ellos a estudiantes de posgrado e investigadores de instituciones públicas y privadas de todo el país. La situación muy posiblemente quedará en este limbo al menos por lo que resta de este año y la suerte de la comunidad académica mexicana dependerá completamente del resultado de la elección que tendrá verificativo en junio.
En este sentido conviene recordar que ninguna de las dos aspirantes a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal para el sexenio 2024-2030 se han pronunciado claramente al respecto de lo que harían en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, en el caso de convertirse en la siguiente presidente de México. Sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum ha dejado entrever que continuaría con la implementación de las políticas de su predecesor; mismas que han desmantelado casi irremediablemente la infraestructura científica y tecnológica de nuestra nación; en tanto que la ingeniera Xóchitl Gálvez ha sugerido que revertiría todo lo realizado por la presente administración para retornar al sector mexicano de la ciencia y la tecnología a donde se encontraba en el 2018.
Ninguna de las dos posiciones es deseable para México, sino que se debe construir un nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de ambas visiones.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
Eric Rosas
Facebook, X e Instagram: @DrEricRosas
Se va, se va, se va…
Desde que se supo que la parcialidad oficialista en la Cámara de Senadores había aprobado desaseadamente una veintena de reformas aquella madrugada del sábado 29 de abril del 2023, durante la sesión realizada también fuera de ley en el antiguo Palacio de Xicoténcatl, de inmediato los legisladores de oposición anunciaron que impugnarían dicho paquete legislativo; algo que hicieron en tiempo y forma mediante un par de acciones de inconstitucionalidad que interpusieron separadamente tanto los diputados como los senadores. Puesto que a todas luces el proceso legislativo fue violentado, centralmente la discusión parlamentaria, que es fundamental a toda democracia, siempre ha habido confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminará por declarar como inconstitucional a esta veintena de modificaciones y, por ende, invalidar una a una estas leyes.
Aunque de inicio la SCJN había estimado que daría cauce en el mes de septiembre del año pasado a los recursos de inconstitucionalidad recibidos, hace unos días se ha informado que finalmente podría ser en abril próximo —un año después de la Noche Triste de Xicoténcatl— cuando se presenten y discutan los distintos proyectos que han sido distribuidos entre los ministros para su análisis. Cuando esto suceda —y dándose por descontado que en la SCJN hay tres ministras que muy seguramente intentarán justificar las transgresiones cometidas por los legisladores oficialistas al proceso legislativo— es altamente probable que las reformas reciban los ocho votos que como mínimo se requieren para declararlas violatorias de lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello serían invalidadas; la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (sic) entre ellas.
El segundo escenario más probable es que, aunque no se alcanzasen los ocho votos necesarios, si fuera la mayoría de los ministros quienes se manifestaran en contra de lo realizado por los senadores oficialistas en Xicoténcatl, y en ese caso se abriría la posibilidad para que muchas más personas se amparasen en contra de aquellas leyes que les afecten directamente.
En el caso particular de la también llamada Ley Buylla, cualquiera de los dos escenarios dibujará un panorama muy nebuloso para la comunidad académica de México, ya que, mientras que la actual administración federal se encuentre en funciones, seguramente la titular del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) no hará absolutamente nada para revertir los cambios que ha realizado a los distintos programas que opera esa dependencia, ni resarcir los daños que le ha causado con ellos a estudiantes de posgrado e investigadores de instituciones públicas y privadas de todo el país. La situación muy posiblemente quedará en este limbo al menos por lo que resta de este año y la suerte de la comunidad académica mexicana dependerá completamente del resultado de la elección que tendrá verificativo en junio.
En este sentido conviene recordar que ninguna de las dos aspirantes a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal para el sexenio 2024-2030 se han pronunciado claramente al respecto de lo que harían en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico, en el caso de convertirse en la siguiente presidente de México. Sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum ha dejado entrever que continuaría con la implementación de las políticas de su predecesor; mismas que han desmantelado casi irremediablemente la infraestructura científica y tecnológica de nuestra nación; en tanto que la ingeniera Xóchitl Gálvez ha sugerido que revertiría todo lo realizado por la presente administración para retornar al sector mexicano de la ciencia y la tecnología a donde se encontraba en el 2018.
Ninguna de las dos posiciones es deseable para México, sino que se debe construir un nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de ambas visiones.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
Eric Rosas
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