Gabriela Landetta
El abogado Paulo Díez Gargari arremetió en sus redes sociales contra el director jurídico de Aleatica, Pablo Olivera, quien difundió que ninguna autoridad ha determinado la naturaleza federal del Viaducto Bicentenario, lo cual dijo Díez, es mentira.
“En este juicio de amparo, en el que la corrupta Aleatica y el @Edomex participaron, el juez de amparo determinó que ese viaducto es una vía general de comunicación de jurisdicción federal. Por eso su pretensión de llevarme a la cárcel en el @Edomex, con la complicidad del gobierno de @alfredodelmazo fracasó. ¿A quién pretende engañar este individuo?”
Díez Gargari acompañó su texto con pruebas que respaldan lo que siempre ha argumentado en su batalla jurídica contra Aleatica, antes OHL, y el gobierno del Estado de México, en el sentido de que el Viaducto Bicentenario fue construido en una vía de jurisdicción federal, por lo que las autoridades mexiquenses no tenían facultades para otorgar concesiones a dicha empresa de origen español, tal y como ocurrió en un acto de impunidad y corrupción.
Entre otros documentos que compartió el abogado para desmentir las declaraciones de Olivera, esta una parte de la sentencia del juicio de amparo 1216/2021-11-A, en la que el juez expuso que “el objeto sobre el que realizó el hecho que expresó la representación social es una vía general de comunicación y, por ende, sujeto a las disposiciones del orden federal”.
“El Director Jurídico de Aleatica miente. Desde 2011 la @SICTmx cuestionó el derecho de la corrupta Aleatica a explotar el Viaducto Bicentenario sin concesión del Gobierno Federal. Va el documento. Si el señor Olivera habla español, debe pedir una disculpa”, escribió Díez Gargari en otro de sus mensajes en su cuenta de X.
El documento al que alude es un oficio firmado por el entonces subsecretario de Infraestructura del gobierno federal, Fausto Barajas Cummings, con fecha del 1 de agosto de 2011 y número 3.-599. Aunque no se ve a quien va dirigido, se observa que se envió copia del mismo a Enrique Peña Nieto, que en ese momento era el gobernador del Estado de México, así como al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome Friscione, y al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel.
En dicho oficio, Barajas Cummings señala que la Secretaría de Infraestructura tenía conocimiento de que en los tramos Naucalpan-Tlalnepantla-Lechería-Ecatepec de la carretera federal México-Querétaro “se realizaron ciertas obras, cuyo uso por particulares se sujeta a pagos de peajes y que se ha denominado ‘Viaducto Bicentenario’”.
“Sobre este particular y conforme a los antecedentes que obran en los archivos de esta Secretaría -destaca en dicho oficio- no se tiene constancia alguna en el sentido de que el gobierno del Estado de México cuente con concesión para explotar el derecho de vía Federal en los tramos carreteros Naucalpan- Tlalnepantla-Lechería-Ecatepec de la carretera federal México-Querétaro”.
Con esos documentos, Paulo Díez quiso echar por tierra la versión que dio el director jurídico de Aleatica, a través de un artículo publicado el lunes en El Economista, el cual empieza así: “a partir de la filtración de una denuncia que no conocemos, se han alimentado especulaciones que buscan cuestionar la regularidad del Título de Concesión de Viaducto Bicentenario y de nuestro actuar como concesionaria”.
En otra parte del texto explica que OHL, hoy Aleatica, ganó la licitación correspondiente en la que participaron 11 empresas y de ellas sólo tres llegaron a la etapa final.
“El Título de Concesión que se otorgó a la compañía ganadora sigue vigente y está perfectamente en regla. En más de 15 años, ninguna autoridad competente, ni federal ni estatal, nos ha cuestionado su validez. En todos estos años, no se ha producido conflicto alguno entre las autoridades federales y estatales sobre la titularidad de la vía ni sobre cuál de ellas es la autoridad concedente”, escribió Pablo Olivera en su artículo denominado “Viaducto Bicentenario, no hay caso”.
“¿Cómo, señor Olivera? ¿Que nadie ha cuestionado el derecho del @Edomex a concesionar el bien ‘nacional’ llamado Viaducto Bicentenario? ¿Y este procedimiento de sanción iniciado por la @SICTmx qué es? ¡Simuladores! @Aleatica_Global”, refutó Díez Gargari, quien volvió a respaldar su dicho con pruebas. En este caso, se trata del oficio número 3.4-748, con fecha del ⁶22 de septiembre de 2020, de la Subsecretaria de Infraestructura. y que fue dirigido al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Román García Álvarez.
En él se hace referencia al título de concesión otorgado por el gobierno del Estado de México, por conducto de la SCT, a favor de Viaducto Bicentenario S.A de C.V, con fecha del 7 de mayo de 2008, para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario, y se destaca que el gobierno del Estado de México no acreditó tener la posesión del derecho de vía para su uso y explotación.”
“Pablo Olivera, que es Director Jurídico Interplanetario de Aleatica a pesar de que NO ES abogado mexicano ni vive en México, está tranquilo difundiendo desde España información falsa sobre la situación jurídica de una emisora de valores, lo que constituye un delito financiero previsto en la Ley del Mercado de Valores. La @cnbvmx no debe seguir tolerando esta violación sistemática de nuestro marco jurídico por parte de una empresa corrupta. @Aleatica_Global”, escribió el abogado Paulo Díez en uno de sus últimos mensajes sobre este tema.
(Foto: redes)
