Lourdes Landetta
“No es agradable tener que estar en foros en los que tengamos que reconocer que hoy en día la mayoría de los derechos humanos son violados, constantemente y de diversas maneras. Por eso podemos afirmar que la corrupción vulnera los derechos humanos cuando afecta la credibilidad de los gobiernos en turno y genera desprestigio de la clase política y de la élite dominante”.
Así lo aseveró el fiscal especializado en combate a la corrupción, Rodrigo Archundia Barrientos, en su exposición denominada “Cómo vulnera la corrupción a los Derechos Humanos”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional y Estatal contra la Corrupción, presentación organizada por la CODHEM, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México (SESAEMM).
En este sentido, señaló que la corrupción tiene un efecto destructivo en las instituciones estatales y en la capacidad de los estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y marginación. “Ser parte de un acto de corrupción de cualquier tipo, implica una transgresión a las instituciones del estado y a la convivencia social que deteriora la confiabilidad en las instituciones y en las mismas personas que cuentan con el poder público, trayendo como consecuencia una afectación a los derechos fundamentales”.
Es en el servicio público donde la corrupción encuentra un canal a través del mal uso del poder, que además, busca obtener un beneficio indebido para quien tiene un mal comportamiento manifestado con frecuencia con el soborno, el chantaje, la extorsión o en uso selectivo de la persecución, investigación o arresto de terceros, lo que atenta contra los derechos fundamentales de las personas, teniendo en los hechos violentos abusos, robos, agravios verbales contra las personas, golpes y el maltrato en todos sus ámbitos.
Agregó que el sector privado también puede verse envuelto en esta práctica negativa, “puesto que para las empresas que operan en México la corrupción ha tenido un costo que se puede equiparar a un impuesto adicional en las actividades que desempeñan, derivado que genera costos monetarios directos para la sociedad -que incluyen el dinero que los ciudadanos y las empresas destinan a pagos de sobornos para agilizar, aprobar o evitar trámites pagos, solicitudes o inspecciones-, o indirectos a través de la adopción de estas malas prácticas como filosofía empresarial.
Luego de exponer el problema, el fiscal sostuvo que para combatir la corrupción de manera eficiente se deben hacer denuncias. “Que participemos alzando la voz, señalando lugares y personas que no cumplen con sus responsabilidades, con los procesos o la observancia de la norma; señalar formalmente mediante la denuncia, no importando si ésta proviene del interior del propio gobierno o de la sociedad. Esto hace posible iniciar procesos de investigación y, en su caso, imponer sanciones correspondientes, respetando la legalidad y el debido proceso”, subrayó.
Destacó la existencia del sistema nacional y estatal anticorrupción “que hacen un trabajo de coordinación entre las autoridades y todos los órdenes de gobierno competentes, precisamente en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos de su eficaz actividad, también puede resultar una lucha efectiva contra de esas conductas equivocadas y sancionables”.
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