El actuar de integrantes del Poder Judicial ha retrasado juicios o procesos penales relacionados con el pago de impuestos, lo que afecta la recaudación en la Hacienda pública por alrededor de 80 mil millones de pesos, denunció el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.
La cifra equivale a aumentar un 25 el presupuesto para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o al presupuesto de tres años y medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues “si este puñado de personas pagaran lo que corresponde, mejorarían los programas sociales ytendríamos más obra pública”..
El procurador presentó en conferencia matutina casos de retraso en la impartición de justicia. El primero involucra a una empresa de gran tamaño con presencia nacional, fiscalizada durante 2010, 2011 y 2013, que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, pero impulsó estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia.
Luego de 13 años de juicios, a la fecha no se ha recuperado este capital. En los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales pidió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizar los litigios con el pretexto de la excepcional facultad de atracción, solicitada por parte de la empresa, y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada. Frente a esta situación, Medina Padilla anunció que el Gobierno de México presentará una queja contra el ministro Aguilar Morales.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó la necesidad de dar pronta resolución a este caso de conformidad con la ley y llamó a no archivar este caso porque representa recursos para el pueblo de México.
“Es el presupuesto de un estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche […] ¿dónde está la justicia pronta y expedita?. (…) El ministro de la Corte, que lleva ocho meses con un expediente guardado que implica el que se resuelva a favor o en contra, pero que se resuelva un asunto de 25 mil millones”, apuntó.
Otro caso que preocupa al gobierno federal es el de una empresa del bajío que cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio por casi 300 millones de pesos. Ante los hechos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Fiscalía General de la República, busca llevar a juicio a los responsables, sin embargo, ese propósito se vio obstaculizado por el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
Este juez sistemáticamente emite fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda; sostiene que la dependencia federal no está facultada para defender los recursos del pueblo y, por ende, desconoce su calidad de víctima y ofendido en el proceso penal, afirmó el procurador fiscal.
Informó que también se presentará una queja administrativa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación por conductas que podrían constituir delitos cometidos en contra de la administración de justicia, mencionó.
Los abogados de la SHCP lograron revertir las determinaciones del juez, pero esto no lo exime de su responsabilidad, señaló.
Corte favorece a empresas deudoras de impuestos, denuncia procurador fiscal
El procurador fiscal de la Federación, Medina Padilla, precisó que se integraron 17 asuntos de grandes empresas que adeudan más de 55 mil millones de pesos porque los jueces han retardado indebidamente la impartición de justicia.
En 14 de los 17 casos no se culminaron las audiencias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, lo que obstaculiza la recuperación de, al menos, 54 mil millones de pesos de todos los mexicanos. Es decir, en el 82 por ciento de los casos, integrantes del Poder Judicial Federal han impedido que se abra la puerta al proceso penal y a la justicia.
El funcionario explicó el esquema de dilación: se presentan denuncias ante el Ministerio Público que integra una carpeta de investigación; después, pide a un juez de control que cite a los imputados a una audiencia inicial, misma que debería realizarse dentro de los siguientes 15 días a la solicitud; sin embargo, los jueces no agendan fechas ni hora para su celebración, que en ocasiones tardan hasta 18 meses. Finalmente, cuando llega la fecha de audiencia, se difiere una vez más, lo que impide sancionar a los responsables y recuperar el dinero público.
(Foto: presidencia)
