Eric Rosas
Ciencia básica o aplicada
Con la imposición de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, conocida entre la comunidad científica de México como la Ley Buylla, por tratarse ésta de una pieza legislativa de autoría exclusiva de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, nombrada por el primer mandatario como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) desde el 2018, se perdió una inmejorable oportunidad de corregir muchos de los vicios que a lo largo de su medio siglo de existencia ha venidoacumulado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por el CONACyT.
Quizá a sabiendas de que el oficialismo contaba con los votos suficientes para asegurar que cualquier legislación secundaria que presentara podría ser aprobada por la mayoría simple en ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión sin la necesidad de dialogar, parece que la Dra. Álvarez-Buylla realmente no se detuvo a reflexionar que México podría haberse beneficiado grandemente si ella hubiera convocado a todos los académicos y demás actores relevantes para el desarrollo de un nuevo andamiaje institucional que eliminara los lastres acumulados para la realización de la investigación científica y tecnológica, así como para la innovación.
El derrotero de la Ley Buylla es ahora incierto, pero tras la admisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados y senadores de la oposición, es altamente probable que aquélla sea finalmente anulada junto con la veintena de leyes que fueron aprobadas de forma atropellada en la noche del 28 al 29 de abril pasado en el Palacio de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República. De haberse privilegiado la inclusión y el consenso por parte de la bióloga para la elaboración de una nueva Ley de Ciencia y Tecnología, quizá la legislación resultante se encontraría ahora plenamente respaldada por la comunidad científica de todo el país, pues entre los académicos no existe duda de que nuestra nación necesita modernizar su infraestructura administrativa en materia de ciencia y tecnología.
Uno de estos aspectos en los que se lamenta que ni la Ley de Ciencia y Tecnología promulgada en el año 2022, ni la malograda Ley Buylla puedan aportar para el beneficio de México, es la falta de una delimitación clara y pragmática entre la realización de investigación científica básica y aplicada. Como cualquier nación del orbe, México tiene la obligación de garantizar a los mexicanos su derecho humano al acceso al conocimiento científico y a los beneficios derivados de éste, para lo que es imprescindible brindarle a los científicos toda la libertad que su actividad requiere, a fin de indagar acerca de los temas de interés para la humanidad, pero al mismo tiempo el Estado Mexicano debe poder generar soluciones expeditas a los problemas que nos aquejan, y que pueden diferir de los que afectan a otros países.
Para ello sigue siendo necesario que existan dos vías a través de las que puedan transitar los investigadores conforme a sus vocaciones e intereses. Una nueva Ley de Ciencia y Tecnología tendría que posibilitar que quienes elijan el camino de la investigación básica, puedan acudir con total libertad a instancias de financiamiento públicas nacionales, o internacionales, para plantear la viabilidad de sus proyectos y obtener el apoyo necesario; pero también debería abrir otra ruta para que el Estado Mexicano pueda reclutar a los tecnólogos que requiere para realizar la investigación dirigida que demandan nuestras problemáticasparticulares.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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