Leobardo Hernández
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, con la llegada de la 4T al gobierno, los desalojos ejercidos en Infonavit o por Fonatur, ordenados por autoridades corruptas para especular con las propiedades, se terminaron.
“Cuando llegamos al gobierno había la demanda de que practicaban desalojos por corrupción de quienes habían comprado las carteras vencidas en el Infonavit y se ponían de acuerdo con jueces y se llevaban a cabo desalojos: ¡grandes fraudes! Y lo primero que hicimos fue detener los desalojos”.
Al respecto, el titular del ejecutivo remarcó que en casos de Quintana Roo, denunciados en la conferencia matutina de este miércoles, donde se presumen desalojos por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se debe estudiar si el sustento legal corresponde a sexenios anteriores.
“Hay que ver qué hizo Fonatur en ese entonces. Por lo general era una institución muy corrupta. Bueno, como todo el gobierno, estaba infectada de corrupción”. A su vez, precisó que, en el sexenio de Fox, “vendieron como trescientas, cuatrocientas hectáreas, muy cerca del aeropuerto de Cancún, […] a 70 pesos el metro cuadrado: lo que vale un metro cuadrado de alfombra” a traficantes de influencias “porque no se les puede decir empresarios”.
En este sentido, enfatizó que se atenderá la denuncia hecha en conferencia y aseveró que “estamos regularizando colonias, la famosa colonia Colosio en Playa del Carmen solidaridad […] Todo propiciado, tolerado por políticos corruptos”.
Asimismo, y como ejemplo, refirió que durante su jefatura de notó cómo 4 delegaciones de la Ciudad de México perdían población mientras incrementaba en alcaldías de la periferia. Con este motivo creó el bando 2 para no construir unidades habitacionales en zonas periféricas, y dar facilidades de construcción donde s había perdido densidad demográfica; no obstante, los especuladores aprovecharon esta situación.
En este aspecto, inició el tráfico de autoridades por espacios, sobre todo en las delegaciones gobernadas por el PAN, donde inició el llamado “cártel inmobiliario”, donde los servidores públicos pedían a cambio “uno o dos departamentos” de los desarrollos inmobiliarios para conceder los permisos de construcción.
(Foto: CP)
