Leobardo Hernández
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de AMLO, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua por migrantes muertos en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) no quedará impune, y los responsables, “sean servidores públicos, o no”, responderán ante la ley por este lamentable suceso.
“Desde el martes 28 de marzo, el subsecretario de seguridad pública, Luis Rodríguez Bucio, junto con un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se trasladó a esa ciudad para apoyar en la investigación del caso”, afirmó.
También aseguró que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen comunicación constante con la fiscalía de Chihuahua. En este sentido, informó que “al momento, se tienen identificados, inicialmente, ocho personas probablemente responsables de los hechos: dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de seguridad privada”, quienes ya rinden declaraciones al respecto.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, fiscal especial en materia de derechos humanos de la FGR informó que, con 4 órdenes de aprehensión, se iniciará la pesquisa contra los presuntos responsables de 39 migrantes fallecidos a causa de un incendio en instalaciones del INM.
La fiscal detalló que serán más; no obstante, por el debido proceso, no es posible revelar los nombres de los posibles implicados, contra quienes se emprenderán los arrestos. Asimismo, precisó que las carpeta de investigación se abrió por homicidio doloso.
“Esta investigación se amplía a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración”, enfatizó, y añadió que la documentación de estas instalaciones ya fueron solicitadas con carácter de urgente para acelerar el proceso de indagación.
Igualmente aseguró que se recavaron detalles en materia de peritaje genético para la identificación de las víctimas fatales, de las cuales se procurará la entrega digna de cadáveres a los familiares. “La investigación será transparente para dar justicia a las personas”.
Al retomar la palabra, Rosa Icela Rodróguez señaló que no habrá impunidad y “todas las personas que requieran ser convocadas ante el agente del ministerio público van a acudir, sean o no servidores públicos”, por este caso que calificó como “imperdonable”.
En tanto, acerca de la empresa de seguridad privada que asistía a las autoridades responsables del centro, declaró que “ya no podrá dar servicio esta empresa en México”.
(Foto: presidencia)
