Eric Rosas
A arrancar el parche
Aquí en La Onda Plana hemos dedicado varias entregas a dar seguimiento a la destrucción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que emprendiera con ahínco la actual titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) desde que se hizo cargo de la dependencia en el 2018. A lo largo de estos casi cuatro años, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces fue realizando cambios a las reglas de ingreso y permanencia en el SNI, muchas de éstas incluso aplicadas retroactivamente; también modificó las áreas de evaluación; sustituyó a los integrantes de las Comisiones Evaluadoras con incondicionales a su causa; y hasta llegó a eliminar a la biotecnología como una de las disciplinas evaluables.
Visto ahora en retrospectiva, queda claro que las numerosas modificaciones que la doctora Álvarez ordenó hacerle al Reglamento del SNI tenían un objetivo muy claro: terminar con este programa —clientelar—, mediante la demolición de los pilares que le daban objetividad, credibilidad y prestigio. El ingreso del actual fiscal general de la República al SNI con el nivel III, el mayor, terminó por convertir a este sistema en una surrealista farsa en la que la investigación ha quedado desplazada por la política y el tráfico de influencias. Así pertenecer al SNI ya no tiene valor académico.
Pero en el fondo quizá también había otro objetivo en la mente de la directora general del CONACyT: el de reducir el gasto presupuestal que representa la “nómina” de estímulos que se otorgan a los miembros del SNI. Tres años después es posible trazar una constante en este sentido: retrasos inéditos e inexplicables en la publicación de la convocatoria para que los interesados en ingresar o renovar su permanencia en el SIN tuvieran mucho menos tiempo de reaccionar ante las copiosas e impredecibles solicitudes de documentos; la inclusión de requisitos como la presentación de las cédulas profesionales y de grado que desincentivaron a muchos; los cambios en las áreas de evaluación para que los investigadores dudaran en si su línea de trabajo estaba o no considerada en alguna de ellas; etc.
Pero todas estas triquiñuelas sólo intentaban disfrazar ante los científicos de México lo que en realidad estaba pasando en las finanzas del CONACyT, y que es una brutal reducción en la ejecución de los recursos que año tras año le han venido aprobando en los correspondientes presupuestos de egresos de la Federación; como fue confesado ya por la propia institución, al solicitarle a los evaluadores que prioricen a los agraciados que podrían recibir la beca mediante el mecanismo de prelación —preferencia— que mejor consideren; es decir, el CONACyT ha aceptado que no tiene dinero suficiente para pagarle a la totalidad de quienes formen parte del SNI y por tanto comenzará a discriminar a algunos de sus miembros. Será una tarea interesante para los órganos de fiscalización competentes la de revisar qué es lo que ha hecho la doctora Álvarez con tales asignaciones para que éstas, una vez recibidas del erario, resulten insuficientes para sufragar la totalidad de los estímulos a los académicos mexicanos que forman parte del SNI.
Sin embargo, la coyuntura abre nuevamente la posibilidad para que tal programa desaparezca de una vez por todas y el problema real que dio lugar a su surgimiento sea finalmente atendido: resarcir el poder adquisitivo de los científicos de México. La creación de una plaza de investigador científico dentro del tabulador de la Administración Pública Federal, que esté bien remunerada y adecuada a las particularidades de esta actividad sería el punto de inicio para arrancar este parche.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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