Lucio Ramírez Medina
Las políticas de austeridad llevadas al extremo, lo mismo que los permanentes recortes presupuestales y plantillas de personal en el sector público, están provocando el debilitamiento de las instituciones, el deterioro en la calidad de los servicios gubernamentales y el incremento de accidentes en equipos, operación e instalaciones, con los consecuentes costos políticos, económicos y sociales.
A pesar de que se ha incrementado sustancialmente la recaudación fiscal y se ha reducido al extremo el gasto operativo gubernamental, el presupuesto público no alcanza debido a que se ha optado por privilegiar el subsidio en los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, acelerar las obras del actual gobierno federal, tales como El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca de Dos Bocas y el proyecto Transistmico.
Igualmente se han concentrado los recursos públicos en los crecientes programas sociales, al tiempo que se siguen acumulando los percances en las instalaciones de los servicios que ofrece el sector público, por el debilitamiento de las instituciones, falta de expertos y el rezago tecnológico en los equipos disponibles.
De un plumazo se fueron cancelando instituciones, otras se fusionaron y unas más se redujeron al mínimo, sin estudios de impacto previos o sin medir las consecuencias de alta centralización en perjuicio de las ventajas de la desconcentración, la descentralización y la autonomía de los órganos estatales, cuyas bondades se centraban en la especialización en los procesos asignados y el acercamiento a los usuarios o beneficiarios para atenderlos con rapidez y calidad.
La autonomía permitía operar a estos institutos con absoluta independencia del resto de las ramas del Estado, centrándose en la calidad del servicio al ciudadano.
El deterioro es claro en actividades donde han cancelado organismos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con daños severos o irreversibles a la naturaleza o al avance social de las familias mexicanas.
Las entidades y los municipios han quedado muy debilitados a causa de la centralización excesiva de recursos y facultades con graves consecuencias en seguridad, prestación de servicios, y mantenimiento de espacios comunitarios.
