Eric Rosas
Los de abajo siguen abajo
Durante décadas el Sistema de Ciencia y Tecnología (SCT) de México funcionó relativamente bien en el sentido de que nuestro país avanzó en la descentralización de las instituciones de investigación, sobre todo luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) impulsara el establecimiento de centros públicos de investigación (CPIs) en varias entidades del país, principalmente en disciplinas científicas e ingenierías, pero incluso también en humanidades. Igualmente se articuló un mecanismo para la formación de especialistas altamente calificados, a través del programa de otorgamiento de becas para posgrado a cargo del CONACyT, que se complementaba con los apoyos para repatriación a los que estos jóvenes científicos podían acceder para regresar a México e incorporarse a los CPIs o instituciones de educación superior (IES) públicas o privadas, en plazas temporalmente pagadas por el CONACyT. Y, por supuesto, con el establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que, a pesar de haber sido desvirtuado de origen con la beca económica asociada, sí fomentó un incremento en la calidad de la investigación que se realizaba en México, al estimular la publicación en revistas científicas de prestigio y ayudar a consolidar muchos grupos académicos al permitirles colaborar con sus contrapartes en otros países.
Por supuesto, con el paso del tiempo ese mismo SCT mexicano fue acumulando vicios y necesitaba con urgencia ajustes en algunos aspectos, mismos que estaban bien identificados por los académicos y eran demandados desde hacía varios años. Por ejemplo, muchos integrantes de las comisiones evaluadoras del SNI eran señalados de faltar a la imparcialidad y a los criterios exclusivamente académicos al momento de dictaminar el ingreso, permanencia y promoción de investigadores que no eran cercanos a los grupos de investigación dominantes en México. En los CPIs, algunos de los directores generales ocupaban los recursos humanos y materiales de sus instituciones para impulsar su productividad y ascender considerablemente dentro del SNI, precisamente cuando menos tiempo podían destinar a sus actividades académicas por estar ocupados con la administración.
Hubo algunos grupos que encontraron la forma de trabajar de manera muy cercana con el CONACyT y llegaron a beneficiarse considerablemente de esta relación; obteniendo posiciones directivas en sus universidades o CPIs; la preferencia en las asignaciones presupuestales o aprobación de proyectos para sus instituciones o grupos de investigación; influyendo en la modificación del marco legislativo y hasta realizando de manera concesionada algunas de las funciones propias de la entidad gubernamental, como fue el caso con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Con la llegada de la actual administración el grueso de la comunidad científica del país esperaba que tales vicios fueran eliminados. Que se rompieran estos vínculos entre el CONACyT y esos grupos que con el paso del tiempo habían logrado apoderarse del SCT. Pero hasta ahora no ha pasado nada de esto, los académicos que no forman parte de estas élites académicas siguen sin acceder a las mismas condiciones que se tienen en algunas cuantas IES en materia de asignación de recursos. Por una parte, existe la resistencia de quienes han sido beneficiados en el pasado para liberar las estructuras del SCT, y por la otra, la nula voluntad de las autoridades presentes del CONACyT para realmente eliminar aquellos males. En medio de dicha realidad, los investigadores que estaban y siguen siendo relegados, habrán de unir sus esfuerzos para levantar la voz y modificar el estado actual.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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