Luego que el Secretario de Seguridad estatal, Rodrigo Martínez Celis, informara que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) sin sentencia podrán participar en los próximos comicios electorales para elegir Gobernador o Gobernadora en 2023, y que solo hace falta que el Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Estado de México den a conocer el protocolo para este ejercicio, el diputado de Morena, Ariel Juárez enfatizó que el Congreso local no puede ser excluido de esa discusión y calificó esta decisión como electorera.
El legislador reiteró los riesgos de manipular este tema porque el Sistema Penal lo controla el gobierno del estado y, además, enfatizó, cuál es la diferencia entre un no sentenciado y sentenciado, ambos permanecen en el reclusorio, uno no sabe cuántos años permanecerá y el otro sí, pero ambos están privados de su libertad y pierden sus derechos político-electorales, tiene que ser parejo. “Tenemos que pugnar porque sea parejo para todos, porque se tiene que dar, la opinión del INE y del Secretario de Seguridad, es algo que tiene que trabajarse y legislarse para evitar ambigüedades”.
Aseguró que la misma Comisión del Sistema Penitenciario, podría trabajar en el tema, pero se debe conocer cuál es el alcance, aunque en otras 6 entidades ya se impulsó esta práctica, habría que esperar cual es el análisis del INE y en función de que se haría el planteamiento, de que sea la propuesta viable o no, cuando estamos a un paso de la contienda electoral del 2023.
Precisamente por eso, indicó Ariel Juárez estamos trabajando en una propuesta para que la comisión no sea de oropel, que no sea meramente de recomendaciones, que pueda tener facultades para ver expedientes en aquellos casos que se presume que hay fabricación de culpables.
El diputado, aseveró que la comisión que preside debería tener facultades, para que a petición de la comisión una vez que revise los casos a nivel estatal, pueda solicitar la apertura de las carpetas de investigación y actuar de una forma parcial, apegado a derecho. Porque hay sentenciados que ya no tienen oportunidad de ser absueltos, o por un mal procedimiento del abogado, o cuando se quieren recuperar por el tema de la sentencia ya no pueden.
También en entrevista, José Humbertus Pérez, quien encabeza la asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C., comentó que la medida es correcta y es un verdadero logro para los internos, quienes tendrían la posibilidad de elegir, pero indicó, que se tiene que ser muy cuidadoso en evitar la coacción del voto, aunque ya es un delito, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tendría que dar mayores garantías.
Puntualizó que, a pesar de que las personas privadas de su libertad estén acusadas de algún delito, es una persona en vulnerabilidad y la Fiscalía Electoral tendría la obligación de establecer mayores mecanismos de cuidado, para denunciar cualquier situación de compra de votos y de coacción pues sería muy evidente la manipulación. A la vez refirió que también podría ser un voto contra el sistema, contra quien gobierna.
(Foto: Especial Portal)
