Tomás Flores Rosales
• Del Mazo, cuatro años de discurso perdido
• Nuevos alcaldes, condenados a administrar pobreza, violencia y delincuencia.
• Toluca y Metepec, sigilo de la delincuencia organizada
• Raymundo Martínez, la grotesca intentona del regreso de la “cargada”
La geografía política empieza tomar su nuevo matiz en el Estado de México con la rendición de protesta de integrantes de distintos nuevos cabildos, algunos producto de la reelección, otros iniciarán con su nueva responsabilidad inmersos, en su mayoría, en deudas, reclamos laborales e insuficiente legitimidad para enfrentar flagelos como la violencia producto de la delincuencia organizada.
Quizá pocos olvidan que el objetivo toral del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, fue precisamente convertir al Estado de México en la entidad “más segura del país”, lo cual se antoja difícil de alcanzar en los menos de 24 meses que le restan del sexenio.
Son cuatro años perdidos los que han transcurrido en materia de intentar abatir delitos derivados de la mafia no obstante los frágiles números del gobierno estatal en el sentido de haber acotado algunos ilícitos de bajo impacto.
En esta semana que termina dos mujeres han tomado las riendas de los gobiernos municipales en Huixquilucan y Naucalpan, respectivamente, cuya misión inmediata será la de aprender a administrar la pobreza, junto con ello resistir la pesada carga de deudas casi impagables que en la mayoría de las demarcaciones permean, por lo que todos y todas tendrán que actuar con inteligencia antes de que sea demasiado tarde y se despierte tempranamente el encono contra sus respectivas administraciones, como ocurrió en Ecatepec, en ese mismo marco de renovación de autoridades.
La sigilosa penetración del crimen organizado en la capital mexiquense converge con el flagelo en Metepec, cuyas tácticas del gobierno estatal se aplican en ambos municipios solo para su contención, no para la solución del problema.
Se sabe que la suspensión de las actividades de diversión nocturna de la reciente feria anual de Metepec, clausuradas tras amenazas vertidas por líderes de al menos dos cárteles de la delincuencia organizada de alcance nacional e internacional, se fraguaron desde las inmediaciones de la capital mexiquense y de la zona urbana afectada.
Acción de la “mafia” que se mantiene contenida en función de operaciones de inteligencia, pero sin indicios para combatirla en esta zona de mayor movilidad en el Valle de Toluca, lo que implica estar nutriendo el fenómeno heredado a nuevos alcaldes a partir del primer minuto del 2022.
El gobernador manifestó en el caso de Toluca que “para recuperar la seguridad de las familias toluqueñas, se comparten recursos humanos, tecnológicos y de inteligencia, para contener y disuadir la comisión de delitos, además de que se continuará el trabajo conjunto con las fuerzas federales en este rubro”.
Las y los nuevos presidentes municipales que comulgan con PAN,PRI,PRD, MORENA, PT, MC Y PVEM, habrán de saberse comportar en su papel de nuevos activos en el proceso ya avanzado de la sucesión de gobernador calendarizada constitucionalmente para junio del 2023.
La disputa por el poder en el Estado de México, después de 80 años de intensa actividad, ha logrado “mutar” la ambición de los actores políticos al convertirla en una “amalgama” en donde las siglas ideológicas se adelgazan , pasan a segundo plano y eso inaugura una perversa unión para repartirse el “botín” en que se convierte la entidad no importando honestidades, ni colores, ni logotipos, todos los actores reclaman su parte por ínfima que sea.
Por eso el exabrupto ayer del alcalde electo de Toluca, Raymundo Martínez, en el sentido de tratar de regresarle infructuosamente a su talante de nuevo edil la vieja práctica de la “cargada” acuñada por el antiguo PRI en donde forjó su carrera política, es claro reflejo que en su rendición de protesta el pueblo de cuánta nueva regresa al lugar de donde nunca debió haber salido. Raymundo en minutos envío el velado mensaje que gobernará para las élites, no a favor de las masas de la capital del Estado de México .
Frente a un gobernador que insiste , en su papel de invitado a sesión solemne de Cabildo de Toluca , en mantenerse fiel a su conducta de estar alejado siempre de la gente desde hace más de cuatro años, aún cuando pocos mexiquenses lo extrañan.
Pronunció un discurso, Del Mazo, también a su estilo . Dijo : “Raymundo Martínez iniciará su administración compartiendo con el Estado de México la responsabilidad de atender los retos cotidianos de Toluca”.
“Con la nueva administración de Toluca, trabajaremos con apertura, con vocación de diálogo y el compromiso de aportar soluciones a las demandas de sus familias, como la seguridad, el fortalecimiento de los servicios, el combate a las desigualdades, y la generación de empleos…”
Similar discurso ha esbozado el mandatario en otros eventos de Cabildo como invitado , lo que genera la posible ansiedad de la gente que desde hace mucho tiempo demanda acciones concretas a favor de los moradores de a pie en los pueblos , colonias , rancherías , cuadrillas y otros núcleos sociales densamente urbanos en donde los relevos de alcaldes no representan sinónimo del cambio a favor de su calidad de vida .
El descrito , un nuevo mapa político mexiquense que avizora ser de forma y, que intrínsecamente, exige compaginarse de manera urgente con un cambio estatal de fondo .
SÍNTESIS POLÍTICA
Se difundió ayer que al encabezar el foro “Retos y avances del sistema Estatal Anticorrupción” , la legisladora, Mirian Escalona Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción del Congreso local, aludió a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Inegi, la cual arrojó que 83.7% de las y los mexiquenses percibió que los actos de corrupción son muy frecuentes en los gobiernos estatales y 80.4% dijo que en los municipales, por lo que los consideró instituciones que inspiran poca confianza. Además, la tasa de personas que tuvieron contacto con algún servidor o servidora púbica y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 20 mil 683 personas por cada 100 mil habitantes.
La legisladora panista propuso tres estrategias que permitirán avances concretos: dar seguimiento a la labor preventiva de los órganos fiscalizadores; duplicar el esfuerzo para impulsar criterios de profesionalización e implantación del servicio profesional de carrera, y promover la participación ciudadana mediante mecanismos de acceso a la información y rendición de cuentas.
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Dicen los que saben que se deberían tomar en serio las secuelas que ha dejado el coronavirus en el Estado de México , cuyas cifras de decesos son lamentables y preocupantes , pues la información del gobierno estatal ofrece una cantidad de más de 30 mil víctimas , número que en cualquier país , incluso no de Centroamérica, sino de Africa , se cataloga como de alta emergencia , también lo relativo -en medio de esta contingencia- a los servicios , políticas y uso de los recursos públicos al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que si bien se trata de una institución autónoma, la contingencia de la pandemia , ahora sí que le cayó a sus funcionarios como “anillo al dedo “, pues todo movimiento en su interior permanece en la opacidad , pues desde hace más de un año el edificio central en Toluca que alberga ministerios públicos o mesas de recepción de denuncias opera como un auténtico “búnker “, con guardias de seguridad para su custodia y los ciudadanos dependiendo , casi indefensos , de lo que se les permita promover . Y la verdad no es descabellado señalar que una pandemia esté siendo elemento sustancial para posiblemente ahondar más la corrupción en donde antes de aparecer la enfermedad ya se percibía en dimensiones de exageración .
