Miguel García Conejo
Habitantes de San Francisco Xochicuautla reactivaron este lunes sus protestas bloqueando la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura del kilómetro 15, el motivo: acusaron el incumplimiento de convenios por parte del Gobierno del Estado y de la empresa constructora de la vía.
Encabezados por Integrantes del Consejo Supremo Indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla expusieron que desde el año 2017 tenían firmados tres convenios con la empresa Autovan y el Gobierno del Estado de México; sin embargo, hasta el momento ninguno sido cumplidos.
De acuerdo con Armando García Salazar, integrante del Consejo Supremo Indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, entre las promesas se encontraban obras para beneficio de la comunidad, como la construcción de dos plantas tratadoras residuales, mejoramiento de la vivienda, y un plan de desarrollo sustentable.
De igual forma, los responsables también han incumplido la construcción de un puente peatonal, otro multiusos, obras de mantenimiento y rehabilitación para templos y capillas, y la ampliación de una secundaria.
“Parte de la gente ya está inconforme porque la carretera ya tiene dos años que se estrenó, y a nosotros no nos han dado todo lo acordado, la comunidad ya comenzó a protestar”, dijo.
El bloqueo inició cerca de las 10:00 horas en los tramos 15+100 y 16+300 de esa autopista, en este sentid acusaron que la construcción y operación de la autopista ha provocado daños en 178 viviendas y ha generado deslaves.
“La forma en que construyeron la carretera, que fue a través de explosiones dejó daños en un gran número de casas-habitación y a la fecha todavía hay vecinos que no les han corregido los daños y perjuicios”, denunció.
Reprocharon que hasta el momento estas acciones no se estén realizando, al asegurar que han justificado la falta de acciones por la pandemia de COVID-19 con ello con pancartas bloquearon la vía, como una forma de protesta para exigir soluciones a sus demandas.
Este hecho generó una importante afectación a la circulación vial sin que haya existido una respuesta formal de la autoridad para dar solución o cumplimiento a las demandas de los afectados.
(Foto: Miguel García Conejo)
