La diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso local, planteó que, en un ejercicio de Parlamento Abierto, se escuche la opinión de personas derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios sobre la propuesta para desincorporar 22 inmuebles y obtener recursos para adquisición de medicamentos y pago de pensiones.
La diputada Anais Burgos también solicitó la presencia de la titular del Issemym, Bertha Alicia Casado Medina para contar con mayores detalles sobre esta propuesta, consultó el número de pensionados que se resultarán beneficiados y propuso visitas a los inmuebles que pretenden enajenar.
El diputado Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI) se pronunció a favor de la desincorporación de los bienes porque es un mecanismo que permitirá al instituto allegarse de recursos, pues se ha visto sometido a mayor presión financiera durante la pandemia para poder seguir prestando sus servicios.
Por su parte, la legisladora Juana Bonilla Jaime (MC) pidió detalles sobre el destino de los recursos que esperan recibir y el diputado Emiliano Aguirre Cruz (Morena) preguntó en cuanto disminuirá el patrimonio del Instituto si se aprueba la solicitud, además de que ambos cuestionaron cuáles son las dependencias públicas y municipios que le adeudan al Issemym.
En su momento, Javier Quijano Romero, director Jurídico Consultivo del Issemym, dijo que se calcula recibir alrededor de 338 millones de pesos por la venta de los 22 inmuebles, aunque podría ser más de acuerdo con su valor comercial, y adelantó que estos recursos se destinarán a partes iguales a la compra de medicamentos y pago de pensiones.
Informó que actualmente dichos bienes generan un gasto en pago de predial de un millón 166 mil pesos y expuso que 101 ayuntamientos se encuentran al corriente en pago de cuotas, en tanto que los otros 24 pagan sus adeudos a plazos, gracias a convenios con el instituto.
Juan Carlos Melgarejo Carrillo, coordinador de Prestaciones del Issemym, informó que derivado de la emergencia sanitaria, a octubre de este año, se pagaron 5 mil 600 seguros por defunciones, cada uno por 10 mil 800 pesos, mientras que Rosa Martha Medina Peñaloza, directora de Atención a la Salud, abundó en que no se han dejado de prestar servicios por la pandemia, y que se han tenido que adoptar medidas especiales, lo que ha implicado mayores costos para la institución.
Durante la reunión también se acordó solicitar a la Jucopo que solicite la comparecencia de quienes están al frente de sindicaturas de Toluca y Metepec para que expliquen las razones para solicitar la desincorporación de diversos predios.
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