En una democracia constitucional como la de México, todos deben someterse al imperio de la ley, empezando por las autoridades, pues ello implica vivir en un estado de derecho, el cual tiene también que ser democrático, social y sustentarse en la división de poderes, afirmó César Camacho, presidente de El Colegio Mexiquense.
Respecto de las funciones que corresponden al poder ejecutivo en un sistema presidencial como el de México, destacó la de ser ejecutor de la ley, y no sólo de su letra, sino de su espíritu, pues debe ser un poder articulador, conciliador y promotor de la unidad nacional.
En la ceremonia de celebración del Día del Abogado realizada en el Colegio de Abogados del Estado de México, que celebra este año su 75º aniversario, César Camacho añadió que el poder ejecutivo en México debe ser eficaz, pues encabeza la administración pública que se ocupa de los asuntos de todos, y a todos, no sólo a los que comulgan, tiene la obligación de rendir cuentas, en la medida que es un poder que debe gobernar y gobernarse, sin caer en posturas parciales ni facciosas, y asumir cabalmente la jefatura del Estado mexicano, para que, respetando, se haga respetar.
El presidente de El Colegio Mexiquense recibió el premio en el ámbito de la docencia 2021 por 36 años de labor académica, y en nombre de los galardonados por la Comisión de Honor, Justicia y Premios de El Colegio de Abogados del Estado de México, asentó que en un estado de derecho el acceso al poder debe ser democrático y su ejercicio aún más, es decir, apegado a la ley, evitando las decisiones caprichosas y rindiendo cuentas.
Partió de la premisa de que una característica insoslayable de un régimen constitucional y democrático es la división de poderes, con la cual se evita el absolutismo, el atropello y la negación del otro, pues el control del poder requiere del poder del derecho.
César Camacho consideró que el Poder Legislativo requiere espacios de neutralidad partidaria para construir consensos y decidir con responsabilidad; expedir normas que sean inteligibles, sencillas y de fácil aplicación, formuladas con técnica y rigor jurídico, a la vez de legislar para la reivindicación de las mujeres, ofreciéndoles opciones de educación y capacitación, además de profundizar en la equidad de género, así como impulsar leyes que castiguen efectivamente la violencia intrafamiliar y el desgarrador feminicidio.
Asimismo, legislar para tener una política social que mejore las condiciones de vida de quienes tienen menos, y sean ellos mismos los responsables de su desarrollo, a la vez de hacer los ajustes legislativos para enfrentar los agudos problemas de la inseguridad que tanto agravian, incrementar la eficacia de la acción policiaca y coordinar a los ámbitos de gobierno.
En su defensa del orden jurídico constitucional y del derecho, el presidente honorario del Colegio de Abogados de la entidad se pronunció porque el Poder Judicial robustezca su autonomía para seguir siendo el garante de la constitucionalidad de cualquier acto de autoridad y ahonde en la capacitación de los servidores judiciales, al tiempo de proscribir las conductas venales y apartadas de la ley y la ética.
Dijo que, así como debe cuidarse el equilibrio horizontal entre poderes, también es imperativo conseguir un correcto balance en lo vertical: una relación sana entre federación, estados y municipios; respetar la competencia de cada uno y, sin mezquindades ni regateos, que todos cuenten con lo suficiente para servir a la gente que, legítimamente, demanda vivir con dignidad; no se trata de fusionar ni dividir, sino de articular, asentó.
En la ceremonia se entregaron los premios 2021 y también los 2020, que debido a la pandemia no pudieron hacerse llegar de manera física a los galardonados, entre quienes estuvo Víctor Humberto Benítez Treviño, ex presidente y profesor-investigador de El Colegio Mexiquense, quien recibió el premio en el ámbito de la investigación por sus trabajos en derecho constitucional, derecho penal e historia de México.
En la ceremonia dirigieron mensajes el presidente de El Colegio de Abogados, Enrique Lazaga Yamín; el presidente del Tribunal Superior del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar; el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, y el secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar, y estuvo presente el fiscal general de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, además de titulares de diversos organismos estatales, diputados locales, jueces y abogados del foro.
(Foto: Especial)
