Como un ejemplo de opacidad y corrupción, calificó el diputado Max Correa Hernández la privatización del tramo carretero de la autopista Panamericana que comunica la zona de Atlacomulco con la ciudad de Toluca, el cual, destacó, es manejado por un fideicomiso.
Tras hacer un llamado a los gobiernos federal y estatal para que respondan el exhorto que la Cámara de diputados del Estado de Mexico les hizo hace un mes para que revoquen la concesión ilegal de la vialidad, Correa Hernández pidió aplicar la Ley de Comunicaciones para que pueda ser recuperado y se reincorpore de inmediato al sistema carretero libre de peaje bajo jurisdicción del estado.
“El cuerpo “A” del tramo carretero fue construido bajo este sistema de concesiones, se trata de un negocio privado sobre tierras de las que siguen siendo legítimos dueños ejidatarios, comuneros y particulares.
“Ese fideicomiso instituido en Banobras con el número 1967, no le rinde cuentas a las finanzas estatales, por lo tanto tampoco al Congreso del estado, es un ejemplo de cómo los fideicomisos han servido para la opacidad y para negocios corruptos en favor de amigos de los gobiernos en turno”.
Detalló que Banobras, “quien supuestamente es la receptora de la concesión, contrató a una empresa privada para que operara esa vialidad, y en ese esquema las ganancias son privadas a pesar que las tierras siguen siendo ejidales y no han salido del dominio de la nación”.
Hizo un llamado respetuoso al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, y a las secretarías de Movilidad y Gobierno, para que atiendan y den una explicación a los ciudadanos de esta región sobre la privatización de la vialidad.
Finalmente, el también dirigente Nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), dijo que seguirá respaldado este movimiento porque es una legítima causa y una lucha justa de los pueblos Otomíes y Mazahuas de esta región.
Foto: Especial Portal
