La Barra de Abogados Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México (BADDHEM) presentó un amparo colectivo ante el Poder Judicial Federal en contra de los tres poderes del estado, esto por considerar graves omisiones cometidas durante la presente pandemia de Coronavirus en la entidad.
Miguel García Conejo
Lucino Mejía, presidente del organismo, informó que la base legal para esta querella radica en que la Comisión Interamericana de los derechos Humanos se pronunció desde el 10 de abril pasado, en relación con los deberes que debían seguir los estados para hacer frente a la emergencia.
Acciones que aseguran los juristas de esta barra, han incumplido el Ejecutivo así como los integrantes de su gabinete, partiendo, dicen, desde la dotación de insumos y equipo al personal de salud.
“El Ejecutivo del estado, es su obligación constitucional, jurídica y moral informar a la población qué está haciendo en la materia, pero vemos cómo el personal médico, enfermeras, camilleros están muriendo día a día a raíz de este problema porque el estado no los dota de los insumos e instrumental médico necesarios para llevar a cabo su trabajo”.
En caso de que este amparo sea avalado por la autoridad federal, se pide que se suspenda la arista concedida al Ejecutivo para sus gastos personales dentro del presupuesto.
“Estamos procesalmente hablando en materia de amparo pidiendo la suspensión, en el caso del Ejecutivo, de todos gastos superfluos en su administración pública tales como viáticos, gastos de representación, gasolina, comida; para que esos recursos sean canalizados a atender la pandemia”.
En tanto a los poderes Legislativo y Judicial se les reclama, al primero el impulso a la reforma que concrete el seguro de desempleo y al segundo que informe sobre los hechos de “robo calamitoso” que se han registrado en la entidad para conocer realmente las dimensiones de la emergencia.
Otra de las omisiones que denuncia el documento es la falta de una política social que apoye a las personas que se han quedado sin empleo, o grupos vulnerables sin seguridad social, éste pese a un presupuesto de 320 mil millones de pesos en materia de desarrollo social en el Estado de México.
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