2016, el año con mayores daños al erario público federal en la historia contemporánea
Ramón Cuevas Martínez*
2016 es un año histórico para el desaseado ejercicio de recursos públicos, en razón de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó el trabajo de fiscalización más espectacular del que tengamos memoria desde su existencia, que data de 1994. Detectó un presunto daño al erario público por $104,241 mdp, -el mayor detectado hasta ahora para un ejercicio presupuestal anual-.
En el portal www.mexicoevalua.org se señala que del total del monto señalado, solo había sido aclarado hasta el mes de marzo de 2018 un estimado de $10,009 mdp, es decir, menos del 10%.
El problema no es de fiscalización, la labor fue cumplida, el problema, sí se diagnostica correctamente, está en las dependencias del Poder Ejecutivo y en las Entidades Federativas que recibieron recursos federales, convirtiéndose al EJERCICIO DEL GASTO es un verdadero Talón de Aquiles.
Queda claro que a diferencia de lo que sucede en las entidades federativas, el sistema de fiscalización que ejecuta el órgano técnico del Congreso de la Unión ha venido perfeccionándose, prueba de ello es que de 2015 para 2016, incrementó sus observaciones en más de 100%, traducido en dinero contante y sonante.
Al menos existen tres razones que se toman en cuenta para declarar daño al erario: 1. Usar el dinero etiquetado para otro fin; 2. Pagar sobrecostos no justificados; y 3. No comprobar el gasto público con la documentación debida.
Aunque no existe información disponible que permita ponderar cuál de los tres aspectos antes señalados pesa más en la integración del monto total observado, es seguro que los apartados 1 y 3 reflejan que el daño al erario se origina por un cambio precipitado de prioridades en el gasto público, que resulta en un evidente desvío de recursos, los cuales, si bien en muchos casos no paran en los bolsillos de los funcionarios, si incumplen a todas luces las características de la programación del gasto que fue establecida en la planeación sectorial, y más aún, pasan por encima de la autorización del Congreso de la Unión, que es la instancia responsable de dictaminar los presupuestos públicos.
Las cifras de recuperación de recursos públicos son verdaderamente bajas (-10% para 2016), lo que habla también de falta de pericia de las autoridades responsables de recuperar dichos montos, limitadas en muchas ocasiones –también se debe decir- por la metodología que brinda la auditoría financiera tradicional.
Ante este fatal escenario, surge la evaluación de programas, basada en la metodología del marco lógico (MML), como la verdadera coca cola en el desierto para cerrar el paso a la corrupción en la operación de los fondos públicos, pues al señalarse claramente las deficiencias del programa, se contribuye a que exista una evidencia clara de que es lo que está pasando en la caja negra del gasto, posibilitando así que el funcionario responsable recomponga el camino, e incluso, en el peor de los escenarios, si se tratase de un funcionario corrupto, la evaluación deja un rastro muy claro de la incompetencia y omisión de cada uno de los que participaron en el ejercicio y comprobación del recurso, posibilitando también una recuperación más rápida activos.
Mientras no tengamos una estrategia más clara de evaluación de fondos federales, las autoridades fiscalizadoras solo pueden hacer observaciones como hasta ahora, con los mismos resultados logrados hasta ahora, que equivalen a recuperar montos muy pequeños, aun cuando ya fueron declarados daños al erario público.
* Consultor en Gobernova
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