Martha Romero 

El Estado de México ocupa el cuarto lugar nacional en número de registros de personas sancionadas por ejercer violencia política en razón de género con 30 casos, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

El Registro Nacional suma 544 registros correspondientes a 501 personas sancionadas, donde Oaxaca encabeza la lista con 127 casos, seguida de Veracruz con 80, Chiapas con 36 y el Estado de México con 30. En la entidad mexiquense, 19 responsables son hombres, siete mujeres y cuatro corresponden a perfiles de Facebook no identificados. 

Ante este panorama, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó la Ruta de acción para la realización del análisis de riesgo en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con el propósito de establecer mecanismos de atención y protección para quienes sean víctimas de este tipo de violencia. 

La consejera electoral Karina Vaquera Montoya destacó que es la primera vez que el IEEM aprueba una ruta específica para proteger a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género. 

Señaló que, aunque desde 2020 existe a nivel nacional un marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta violencia, seis años después la aprobación de esta ruta representa un paso adicional para traducir esas obligaciones en acciones concretas ante situaciones de riesgo. 

Explicó que la ruta contempla un procedimiento para denunciar las agresiones y determinar el nivel de amenaza, pero uno de sus principales elementos es la elaboración de un plan de seguridad para proteger a las víctimas.

Entre las medidas consideradas, dijo, está la integración de una red de apoyo, establecer una señal de seguridad para alertar sobre posibles riesgos, identificar salidas de emergencia en inmuebles, así como adoptar estrategias de autocuidado, como compartir la ubicación y realizar actividades acompañadas. 

Vaquera Montoya resaltó que este mecanismo permitirá que, mientras las autoridades determinan las responsabilidades correspondientes, se pueda intervenir de manera inmediata para identificar y reducir los riesgos, además de brindar acompañamiento a las víctimas. 

Explicó que el análisis de riesgo permitirá valorar qué tan expuesta está una mujer a que la violencia continúe, se repita o incremente, tomando en cuenta los hechos denunciados, características de la agresión, situación de vulnerabilidad de la víctima, capacidad y cercanía de la persona señalada como presunta responsable, así como los posibles riesgos para familiares y equipos de trabajo.

Aclaró que este análisis no busca determinar anticipadamente responsabilidades, sino identificar el nivel de amenaza para actuar de manera oportuna y establecer medidas de protección. 

La consejera consideró que la aprobación de esta ruta es especialmente relevante ante la proximidad del proceso electoral de 2027, en el que aumentará la participación de mujeres tanto en las contiendas electorales como en los procesos internos de los partidos políticos. 

Además, advirtió que la violencia política contra las mujeres puede presentarse de distintas formas, por lo que contar con mecanismos de prevención y atención permitirá generar condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales en libertad y sin miedo.

Finalmente, subrayó que no debe tolerarse ninguna forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquella que busca limitar o menoscabar sus derechos y su participación en la vida política.

(Foto: captura de pantalla)