Martha Romero 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), desde el 2021 y hasta la fecha, ha emitido un total de 59 recomendaciones, de las cuales 17 corresponden al 2024, año en que se formularon 15 recomendaciones particulares y dos generales, mismas que derivaron en 16 disculpas públicas, así como 171 medidas de reparación. 

La primera visitadora general de la Codhem, Fabiola Manteca Hernández explicó que el organismo cuenta con un instrumento para determinar violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales o municipales, tras recibir quejas y luego emitir una conclusión.

Añadió que si se acreditan violaciones a derechos humanos de personas en la entidad, a las cuales jurídicamente se les denomina recomendaciones y pueden ser de carácter particular, por un determinado caso, o generales, dirigidas a una o varias autoridades con competencia por tema o materia. 

El documento, explicó, incluye la descripción de los hechos, las evidencias reunidas en las diligencias del personal de las Visitadurías de la Casa de la Codhem, así como las conclusiones de las mismas, además describe los derechos vulnerados a la o las víctimas o su familia, por acciones u omisiones de personas servidoras públicas estatales o municipales en ejercicio de sus funciones. 

Manteca Hernández precisó que una recomendación de la Codhem documenta las irregularidades de parte de personas servidoras públicas y describe alternativas para erradicar dichas conductas, con el enfoque de la no repetición y el respeto a la dignidad humana, que es la esencia y fin máximo del documento que emite a cualquier autoridad.

Añadió que en la parte final del documento se incluyen puntos recomendatorios específicos para hacer prevalecer, reparar o restituir los derechos fundamentales de las víctimas o sus familiares.

Por último, dijo que si bien las recomendaciones no son vinculantes, su probada integridad, implicaciones éticas y basamento en el marco del derecho internacional y nacional de los derechos humanos, la erigen como un instrumento para el mejor funcionamiento de las instituciones y la protección de las personas, colocando en el centro la dignidad humana.