Martha Romero 

“Nos quieren borrar del mapa. Nos acusan falsamente, nos encarcelan, y nos están quitando nuestras tierras para construir fraccionamientos de lujo, esto no es justicia, es despojo legalizado”, denunciaron comuneros del paraje Santo Tomás el Pedregal, localidad de La Laguna, ubicado en el municipio de Valle de Bravo. 

Efrén Reyes Salazar, representante del Comité Particular Ejecutivo Agrario, a nombre de las más de 500 personas que habitan y trabajan en esas tierras, se manifestaron para solicitar la intervención del gobierno del Estado de México, pues ya están cansados de ser víctimas de hostigamiento, amenazas, encarcelamientos injustificados y el despojo de sus tierras. 

Refirió que, si bien cuentan con una resolución presidencial y una del Tribunal Superior Agrario que los reconoce como los legítimos poseedores de 235 hectáreas, empresarios ligados a Banca Mifel, así como particulares identificados como Luis y Agustín Quintanilla pretenden despojarlos de por lo menos 110 hectáreas con el fin de construir un complejo inmobiliario de alto nivel.

Destacó que la tierra en disputa no es solo cultivo, sino la herencia, identidad y resistencia de muchas generaciones que han trabajado el campo con semillas criollas, pero en los últimos años el acoso se ha intensificado, como la destrucción de más de 10 hectáreas de maíz destruidas con maquinaria pesada y sin que el Ministerio Público aceptara la denuncia ni ofreciera reparación del daño.

Reyes Salazar agregó que lo único que obtuvieron fue una medida de protección por un mes y después, nunca más volvieron, además de que no tienen una vivienda digna, ni salud, ni alimentos suficientes, porque no los dejan sembrar.

Por ello, exigen la intervención del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para que se respete la legalidad agraria y se detenga el uso del aparato judicial para proteger intereses inmobiliarios privados de la cuarta generación de poseedores de esas tierras, quienes están resistiendo al despojo y no van a ceder para cederles sus tierras a los poderosos.

Recordó que hace dos años, cuatro jóvenes de la comunidad fueron detenidos sin orden judicial, bajo acusaciones fabricadas como daño en propiedad ajena y despojo de aguas, uno de ellos fue señalado de supuestamente transportar tubos en una motocicleta y ni siquiera estaban en el lugar, mientras que a una joven la acusaron de cavar una zanja de 25 metros con las uñas.

Indicó que el Ministerio Público y el juez de control de Valle de Bravo validaron pruebas falsas, incluso aseguraron que el delito fue registrado por cámaras del C5, cuando en esa zona ni siquiera hay señal telefónica ni cámaras.

Finalmente, dijo, que aunque los jóvenes enfrentan su proceso en libertad, deben acudir regularmente a firmar a la ciudad de Toluca, pero recientemente fueron notificados de una nueva comparecencia por el mismo caso, lo cual ha encendido las alertas entre los afectados.

(Foto: cortesía)