Martha Romero

La Operación Liberación implementada en 14 municipios mexiquenses al sur de la entidad dejó como resultado 8 detenciones (una en Quintana Roo) de líderes de grupos vinculados con la comisión de secuestro, extorsiones informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México sobre los resultados de dicho operativo, indicó que entre los detenidos se encuentra Bernardo Alejandro ‘N’, que junto con los otros siete sujetos, tenían funciones gerenciales para cometer delitos de extorsión y acaparamiento de materiales de construcción o productos de la canasta básica como pollo, huevo y carne, todo ello en beneficio del cártel de La Familia Michoacana.

Añadió que este operativo se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado 6 de julio por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con autoridades de los ocho estados que concentran este delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

En el caso del Estado de México, García Harfuch indicó que se desplegaron 63 células operativas con 2 mil 866 elementos de diversas instituciones de seguridad, mismas que operaron de manera simultánea en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria, donde ejecutaron cateos en 52 establecimientos.

Detalló que en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito, además de la intervención de oficinas sindicales y de distribución de paquetería.

Por su parte, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, indicó que en seguimiento a denuncias formales sobre actividades delictivas de acaparamiento sobreprecio y extorsión, desde hace seis meses la dependencia inició la integración de 63 expedientes de investigación con el fin de identificar y combatir los entramados criminales.

Explicó que los detenidos Bernardo Alejandro ‘N’, Antonio ‘N’, Alicia ‘N’, Eli ‘N’, Gonzalo ‘N’, Jorge ‘N’, José Fernando ‘N’ y Yareli ‘N’ están presuntamente relacionados con prácticas extorsivas en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, de huevo y cárnicos entre otras unidades económicas, así como transporte de carga y manipulación de paquetería, entre otros y eran parte fundamental de las estructuras de financiamiento de la Familia Michoacana.

Agregó que los detenidos podrían enfrentar penas que van de 70 a 80 años en prisión porque tienen señalamientos que van desde la extorsión hasta secuestro exprés.

Cervantes Martínez añadió que, para controlar el sector de la construcción, la organización criminal disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el ‘Sindicato Libertad’ y el ‘Sindicato Bradosva’, los cuales se encargaban de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, entre otros.

Indicó que a través de ambas organizaciones, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y demás productos utilizados para el giro de construcción.

Agregó que personal multidisciplinario cuantifica y clasifica los bienes asegurados, que con la autorización de un juez de control, serán objeto de disposición anticipada en beneficio de la comunidad que fue extorsionada.

Finalmente, dijo, la FGJEM dará vista a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera para evaluar la aplicación de extinción de dominio en casos de inmuebles relacionados con los hechos delictivos, pues las autoridades están facultadas para monetirezarlos o ponerlos a disposición de las instancias públicas que lo requieran.

(Foto: Especial Portal)