Estefanía Antonio

A partir del próximo 30 de septiembre dará inicio una serie de mesas de análisis donde podrá participar la sociedad civil, académicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones para elaborar un proyecto de reforma integral al Código Penal del Estado de México, el cual se busca que actúe con base en las necesidades penales actuales y la realidad social que impera en territorio mexiquense.

Así lo anunció Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), quien además detalló que dicha reforma estará basada en una consulta incluyente y participativa para construir los mecanismos que la sociedad exprese como necesarios, tales como la prisión preventiva y oficiosa, las cuales han promovido la sobrepoblación penitenciaria.

“Hemos abusado de la prisión preventiva oficiosa, de la prisión preventiva justificada, yo creo que es tiempo de que los jueces asuman ese papel que tienen de ser quienes decidan cuando una prisión es justificada o no […] a nivel nacional la prisión oficiosa debe desaparecer de nuestra constitución”, explicó.

Algunos de los temas que serán puestos a debate sobre la Parte General y Parte Especial del Código Penal son: penas y aplicación, ejecución, sustitución, extinción y remisión, amnistía, indulto y perdón, además de delitos patrimoniales violentos, discriminación. feminicidios, aborto, acoso sexual, secuestro, extorsión, entre otros.

Por otra parte, Sodi Cuellar anunció que se implementará el tema de violencia cibernética, la cual se ha incrementado y requiere una tipificación al Código Penal mucho más detallado que cumpla con las necesidades actuales.

Para este ejercicio el Poder Judicial habilitó un micrositio dentro de la página de internet www.pjedomex.gob.mx, donde todas las personas interesadas en participar en el proyecto de reforma podrán registrarse para enviar sus propuestas, o bien, unirse a las mesas de análisis.

Finalmente, Sodi Cuellar recalcó que, con este ejercicio realizado por primera vez desde hace 22 años, se busca que la consulta sea productiva y no solo termine con la opinión de magistrados pues se requiere una reforma creada y aprobada por la sociedad civil, organismos autónomos, organizaciones sociales, académicos, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), además del respaldo de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo.