Estefanía Antonio /Leobardo Hernández

La ya dudosa "verdad histórica", postulada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quedó plenamente descalificada la tarde de este jueves, cuando Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, confirmó que el gobierno federal fue cómplice de la ejecución de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró el subsecretario.

En el informe, presentado previamente a los padres y madres de los estudiantes, se informó que el día de los hechos autoridades federales, entre ellas el ejército, estuvieron enterados en tiempo real de los acontecimientos, pero no actuaron en defensa de los normalistas en ningún momento.

“Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de camiones, de la llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución que fueron objeto (los jóvenes), por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión, porque de haber intervenido con la información que disponían se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”

Encinas indicó que la Verdad Histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia.

“Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información. De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Salgado Covarrubias, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”.

También se confirmó que, tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, “en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición”, lo que echa abajo la hipótesis de que habrían sido incinerados todos en el basurero de Cocula.

Finalmente, Encinas informó que la investigación seguirá abierta hasta que se encuentre toda la verdad y se castigue a los responsables.

(Foto: Redes, Alejandro Encinas)